La Secretaría de Transporte exige la restitución de más de 42 millones de pesos transferidos en 2021 para remodelar una terminal de ómnibus. El máximo tribunal registró nuevos movimientos procesales este viernes que indican un inminente avance en el expediente originario.
La disputa judicial entre el Estado Nacional y la provincia de La Rioja por fondos de obra pública sumó un nuevo y decisivo capítulo en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El expediente, caratulado como «ESTADO NACIONAL (SECRETARIA DE TRANSPORTE) C/ LA RIOJA, PROVINCIA DE s/ cobro de sumas de dinero» bajo el número CSJ 1080/2025, registró una fuerte reactivación este último viernes 13 de marzo de 2026, según consta en los registros informáticos del Poder Judicial de la Nación.
Actualmente, el caso se encuentra bajo el estado «En Despacho» en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte. Los recientes movimientos procesales incluyen múltiples pases internos por las áreas de «Jurisprudencia – Sector Coherencia» y «Confrontaciones y Copias». En la jerga y dinámica judicial, esta seguidilla de pases burocráticos suele ser la antesala técnica para la firma y el dictado de una resolución por parte de los magistrados del máximo tribunal.
El origen del conflicto: una terminal, cambios unilaterales y fondos sin rendir
La demanda fue promovida originariamente por el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Transporte, con un objetivo claro: que se condene a la provincia riojana a restituir la suma de $42.645.530,84. A este monto original de capital, la Nación exige sumarle los intereses generados como consecuencia de la depreciación monetaria, los cuales deben calcularse a la tasa pasiva mensual promedio del BCRA desde que los fondos ingresaron a la cuenta provincial hasta el pago efectivo.
La historia de estos fondos se remonta a un Convenio de Asistencia Técnica, Económica y Financiera firmado para llevar a cabo la «Refacción de La Terminal de Ómnibus El Milagro La Rioja». El proyecto formaba parte del Programa de Renovación Integral de Terminales de Buses, diseñado por el entonces Ministerio de Transporte con metas ambiciosas: facilitar el trasbordo de pasajeros, reducir tiempos de viaje y aumentar la seguridad y accesibilidad de manera sustentable.
Como parte del acuerdo, la Nación desembolsó y transfirió el equivalente al 50% del monto de adjudicación a las arcas provinciales. Sin embargo, la Secretaría de Transporte argumenta que la Provincia de La Rioja nunca rindió cuentas en debida forma sobre el uso de ese dinero.
El punto de quiebre ocurrió cuando La Rioja intentó presentar una primera rendición de gastos. La misma fue rechazada de plano por la autoridad de aplicación. ¿El motivo? Las inspecciones concluyeron que en el predio «no se verificaba obra existente que permita ejecutar la obra de remodelación estipulada».
Según la postura oficial del Gobierno Nacional en el expediente, la provincia modificó el proyecto de obra original apartándose de manera «inconsulta y unilateral del cumplimiento del objeto del convenio», lo que llevó a la conclusión de que «no se verifica el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados».
Ante el presunto incumplimiento de las obligaciones asumidas, la Nación intimó formalmente a la gestión riojana a reintegrar el dinero adeudado en un plazo de 5 días. Al vencerse el plazo sin que se restituyeran los fondos ni se presentaran recursos, la Secretaría de Transporte judicializó el conflicto basándose en el artículo 1794 del Código Civil y Comercial de la Nación, alegando que se generó un «enriquecimiento sin causa» para La Rioja en detrimento del patrimonio nacional.
El camino allanado por la Procuración General
El hecho de que el caso se esté moviendo hoy directamente en las oficinas de la Corte Suprema responde al dictamen técnico emitido previamente por la Procuración General de la Nación.
El 14 de julio de 2025, la procuradora Laura Mercedes Monti elaboró el documento que habilitó esta vía. En su exposición, Monti determinó que, al tratarse de una demanda impulsada por el Estado Nacional (con derecho al fuero federal) contra una Provincia, el proceso «corresponde a la competencia originaria de la Corte en razón de las personas».
Citando los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y jurisprudencia previa, la Procuración concluyó que las actuaciones debían «tramitar ante los estrados de esa Corte».
A meses de aquella definición técnica y con los recientes movimientos de «Confrontaciones y Copias» marcados en la agenda de este último viernes, el máximo tribunal parece haber puesto el pie en el acelerador para emitir un fallo sobre este millonario reclamo que enfrenta nuevamente al poder central con una gestión provincial.
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