El administrador de la Administración de Juegos de Azar de La Rioja, Ramón Vera, reveló que el Ministerio de Hacienda retiene los fondos del juego para priorizar el pago de salarios públicos, salud y policía, generando demoras de hasta 15 días en el cobro de premios. La recaudación cayó entre 20% y 30% interanual, el juego clandestino ya controla el 80% del mercado y al menos tres agencias cerraron sus puertas.

El dinero de los ganadores, en la cuenta del Estado

El mecanismo que explica el escándalo es simple y al mismo tiempo revelador del estado de las finanzas provinciales. Cada peso que ingresa por la quiniela en La Rioja no queda en manos de AJALAR sino que se deposita de manera automática en la cuenta única del Gobierno provincial, bajo control del Ministerio de Hacienda que conduce el contador Fabián Blanco. A partir de ese momento, quién cobra y en qué orden no lo decide el organismo de juegos sino el Ejecutivo provincial según sus prioridades financieras del momento.

Y las prioridades del momento son otras: sueldos de empleados públicos, salud y policía. Los premios de los apostadores ganadores quedan en la cola. Ramón Vera, titular de AJALAR, lo dijo sin eufemismos en una entrevista reciente: su organismo cumple con todos los trámites que le corresponden, pero el Ministerio de Hacienda es quien decide qué se paga y qué espera. La responsabilidad de la demora, subrayó, no es administrativa sino política y financiera.

Quince días para cobrar: algo que «nunca pasó»

Las consecuencias de esa arquitectura financiera son concretas y sin precedentes. Los apostadores que ganan en la quiniela riojana están esperando entre 14 y 15 días para poder cobrar sus premios, una demora que Vera calificó con precisión histórica: nunca había ocurrido en gestiones anteriores. El dato no es menor. La quiniela es un juego de resultado inmediato cuya lógica comercial descansa sobre la promesa de pago rápido. Un apostador que gana hoy y cobra en dos semanas no es un ganador funcional: es un acreedor del Estado provincial.

La situación se agravó adicionalmente por dos episodios recientes en los que la banca «saltó», es decir, los montos acumulados de premios superaron la capacidad de pago del sistema en ese momento. Esos eventos incrementaron la presión sobre un esquema que ya operaba al límite, y dejaron en evidencia que el financiamiento del juego oficial en La Rioja depende hoy exclusivamente de la autorización política del Ejecutivo para liberar fondos que técnicamente ya pertenecen a los ganadores.

La quiniela pierde frente al juego clandestino

El problema de los pagos demorados no opera en el vacío sino en un mercado que tiene competencia ilegal activa y en expansión. Vera reveló un número que describe la magnitud del desafío: el juego clandestino ya controla aproximadamente el 80% del mercado de apuestas en La Rioja. Frente a ese porcentaje, la quiniela oficial opera en un margen residual que además se contrae mes a mes.

La lógica del apostador que migra al circuito informal es racional en sus términos: el juego clandestino paga de inmediato, sin trámites, sin esperas y sin depender de la autorización de ningún ministerio. Cuando la quiniela oficial demora 15 días en pagar premios que el juego ilegal abona al día siguiente, la competencia desleal se convierte en competencia estructural que AJALAR no puede ganar solo con argumentos de legalidad.

La recaudación ya refleja ese corrimiento. Los ingresos de la quiniela cayeron entre 20% y 30% respecto al mismo período del año anterior, una combinación de la crisis económica general —que reduce el dinero disponible para el juego— y de la pérdida de cuota de mercado frente al circuito informal. Menos recaudación significa menos fondos en la cuenta única del Estado, lo que a su vez agrava las demoras en el pago de premios, lo que acelera la migración al juego clandestino. El círculo vicioso está en marcha.

Tres agencias cerradas: el daño en la red comercial

Las consecuencias del colapso del sistema de pagos ya tienen expresión territorial concreta. Al menos tres agencias de quiniela cerraron sus puertas en la provincia como resultado directo de la combinación entre la crisis económica y la falta de pago de premios en tiempo y forma. Para los agencieros, el negocio depende de la confianza del apostador: si el cliente no cobra cuando gana, deja de jugar, y si deja de jugar, la agencia no factura.

El cierre de agencias no es solo un dato económico sectorial. La red de agencias de quiniela es uno de los tejidos comerciales más extendidos del interior argentino, con presencia en barrios, localidades pequeñas y zonas rurales donde representa a menudo el único punto de venta formal de servicios financieros informales. Su contracción afecta al empleo local y reduce la presencia del Estado en el mercado del juego, dejando ese espacio libre para los operadores clandestinos.

La solución que el sistema no permite

Vera fue preciso al señalar qué cambio estructural resolvería el problema: que AJALAR manejara sus propios recursos fuera de la cuenta única del Estado provincial. Si los fondos recaudados por el juego quedaran bajo administración directa del organismo, los premios se pagarían de inmediato sin depender de las prioridades financieras del Ejecutivo. Es una solución técnica que existe, que el administrador conoce y que el sistema político no habilita.

La razón de esa imposibilidad es la misma que explica todo el escándalo: la provincia necesita cada peso disponible para cubrir sus obligaciones salariales más urgentes. En ese contexto, los fondos de AJALAR son una variable de ajuste más dentro de una ecuación fiscal que el Gobierno provincial ya no puede cerrar sin apelar a recursos que, estrictamente, no le pertenecen. Los apostadores ganadores de la quiniela riojana son, en los hechos, los últimos acreedores de un Estado que paga en orden de urgencia política. Y esa urgencia, por ahora, no los incluye.