Alerta federal: el ministro de Desarrollo Social riojano Alfredo Menem firmó un duro comunicado contra el ajuste alimentario de Milei y Pettovello
Junto a sus pares de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Formosa, el funcionario riojano suscribió un documento conjunto que denuncia la «licuación presupuestaria» de los recursos destinados a la asistencia alimentaria, advierte por el «doble efecto» de menos comida disponible y más demanda en los territorios, y reclama «restablecer instancias de coordinación efectiva entre Nación y provincias». Los cinco ministros pidieron la intervención del Estado nacional frente a emergencias climáticas y situaciones estructurales, y alertaron sobre el agravamiento por la caída de la coparticipación y la creciente crisis en discapacidad.
Cinco ministros de Desarrollo Social de provincias argentinas cerraron filas este martes para emitir un comunicado conjunto bajo el título «Alerta federal por el impacto del ajuste en la política alimentaria«, en el que denuncian con términos contundentes las consecuencias del recorte dispuesto por el Gobierno de Javier Milei y por la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre la asistencia alimentaria en todo el país. Entre los firmantes figuran Andrés Larroque (Buenos Aires), Diego Álvarez (La Pampa), María Emilia Rossi (Tierra del Fuego), Gloria Giménez (Formosa) y el riojano Alfredo Menem, a cargo de la cartera social en el Gobierno de Ricardo Quintela.
El documento —que lleva las firmas manuscritas de los cinco funcionarios y circula como comunicado oficial de las carteras provinciales— advierte que la combinación de recortes presupuestarios y licuación de partidas por efecto inflacionario «está reduciendo en términos reales los recursos destinados a la asistencia», con un impacto directo sobre la capacidad de respuesta de los territorios. En términos del comunicado, el efecto es doble y simultáneo: menos alimentos disponibles y más demanda en los territorios.
«El problema central no es quién administra los programas, sino que los recursos no alcanzan»
El planteo de los cinco ministros tiene un eje que apunta directamente al núcleo del debate público que viene sosteniendo el Gobierno nacional. Desde que asumió la gestión de Pettovello, la discusión oficial se concentró en cómo se distribuyen los recursos alimentarios, con foco en las denuncias sobre intermediarios y organizaciones sociales, y en la decisión de priorizar la Tarjeta Alimentar y la transferencia directa a los hogares por sobre los envíos a comedores y merenderos.
Los ministros provinciales, en cambio, corrieron el eje en su comunicado: «desde una mirada federal, remarcaron que el problema central no es quién administra los programas, sino que los recursos hoy no alcanzan». La definición busca ubicar el debate fuera de la discusión ideológica sobre los actores distribuidores —un terreno en el que el Gobierno de Milei se mueve con solvencia política— y colocarlo en el plano estrictamente cuantitativo: el monto nominal que la Nación destina a la asistencia perdió poder de compra frente a la inflación y no cubre las necesidades territoriales actuales.
Emergencias climáticas, situaciones estructurales y la retirada nacional
El segundo eje fuerte del comunicado apunta a lo que los ministros describieron como el «retiro de acompañamiento» del Estado nacional. Denunciaron que esa retirada no se verifica únicamente ante emergencias climáticas puntuales —como inundaciones, sequías o tormentas severas— sino también ante las situaciones estructurales que atraviesan las provincias. La referencia es directa: el deterioro del mercado laboral, la destrucción de empleo formal —más de 300.000 puestos perdidos desde diciembre de 2023—, la caída del poder adquisitivo del salario mínimo —39% en el mismo período— y el incremento sostenido de la demanda social que se registra en los comedores, merenderos y dispositivos provinciales de contención.
Para La Rioja, esta última dimensión tiene un peso particular. La provincia encabezó en el segundo semestre de 2025 el ranking nacional de pobreza según los datos del INDEC y del IERAL, y lidera además el ranking nacional de destrucción de empresas durante la gestión Milei, con una caída del 16,1% en el parque empresarial provincial. Es, por lo tanto, uno de los territorios donde la combinación entre reducción de transferencias nacionales y aumento de la demanda social se expresa con mayor crudeza.
Coparticipación a la baja y presión sobre los sistemas provinciales
El tercer elemento que los ministros pusieron sobre la mesa fue el comportamiento de la coparticipación federal. Advirtieron en el documento que la caída de los recursos coparticipables —efecto directo del enfriamiento de la actividad económica y de la reducción en la recaudación impositiva nacional— agrava el cuadro, al limitar «la capacidad de respuesta provincial frente a una demanda social en aumento».
El señalamiento es particularmente sensible para provincias como La Rioja, que tienen una alta dependencia estructural de los recursos coparticipables para sostener su funcionamiento. Cuando la Nación reduce envíos específicos de programas alimentarios y, en paralelo, baja la masa coparticipable automática, las administraciones provinciales quedan obligadas a absorber con recursos propios una doble presión: la de la demanda social creciente y la de la retirada nacional de programas.
Discapacidad: el cuadro se agrava
El comunicado suma un eje que muchas lecturas habituales del ajuste dejan de lado: la discapacidad. Los ministros señalaron que a la crisis alimentaria se suma una «creciente problemática» en ese terreno, con dificultades para sostener prestaciones, demoras en los pagos y una mayor presión sobre los sistemas provinciales de atención.
El señalamiento aterriza en un momento de particular tensión nacional. El sector de discapacidad viene denunciando desde hace meses el atraso en los pagos a prestadores, el incumplimiento de acuerdos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad y los problemas para sostener tratamientos continuos. En La Rioja, como en las otras provincias firmantes, buena parte de esa prestación se articula entre la obra social provincial —APOS, en el caso riojano—, los prestadores privados y los programas nacionales, una ecuación que hoy enfrenta dificultades crecientes.
«Restablecer la coordinación efectiva»: el pedido concreto
El cierre del documento es institucional y apunta a una demanda específica: los cinco ministros coincidieron en «la necesidad de restablecer instancias de coordinación efectiva entre Nación y provincias para garantizar la sostenibilidad del sistema alimentario». La fórmula es políticamente precisa: no reclama aumentos ni reversión de decisiones, sino un mecanismo institucional de articulación que hoy, según los firmantes, está desaparecido.
En la práctica, el planteo apunta a la ausencia de ámbitos formales de diálogo entre el Ministerio de Capital Humano y las carteras provinciales de desarrollo social, una situación que contrasta con la tradición previa de reuniones periódicas del Consejo Federal de Desarrollo Social y con los dispositivos de coordinación intergubernamental que funcionaban durante las gestiones anteriores.
El riojano Alfredo Menem y el armado federal peronista
La firma del ministro riojano Alfredo Menem confirma el alineamiento de La Rioja con el bloque de provincias que vienen articulando una respuesta política al programa libertario. Menem se suma así a la construcción federal que el propio gobernador Ricardo Quintela viene encabezando desde hace meses, junto a Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gildo Insfrán (Formosa). Cuatro de las cinco provincias firmantes del comunicado alimentario integran ese armado —Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, Formosa— y la quinta es La Rioja.
La coincidencia no es casual. El comunicado funciona, en los hechos, como una pieza más de la estrategia federal que las gobernaciones peronistas vienen desplegando para instalar en el debate nacional los impactos sociales del ajuste. Primero fue el Encuentro Federal de Salud Mental en el que La Rioja, Buenos Aires y otras 16 provincias rechazaron la reforma impulsada por la Nación. Después, la reunión entre la vicegobernadora riojana Teresita Madera y el intendente platense Julio Alak para articular iniciativas legislativas. Ahora, el comunicado alimentario de los cinco ministros de Desarrollo Social.
Un reclamo que excede a la coyuntura
El documento firmado por los cinco funcionarios provinciales deja abierta una discusión de fondo que atraviesa al conjunto del sistema argentino: cómo garantizar la cobertura alimentaria de millones de hogares en contextos de alta inflación y reducción del gasto público. Las provincias firmantes sostienen que el problema no se resuelve con un nuevo diseño administrativo sino con una recomposición real de los recursos. El Gobierno nacional, en cambio, viene defendiendo su esquema como un modelo más eficiente, con menos intermediación política y más llegada directa a los beneficiarios.
En el medio, la demanda social no espera. Los comedores provinciales, municipales y comunitarios de La Rioja y de las otras cuatro provincias firmantes siguen recibiendo a un número creciente de personas, en un escenario donde los indicadores de pobreza, indigencia y destrucción de empleo formal continúan marcando el pulso más duro del ciclo. El pedido formal de los cinco ministros —restablecer la coordinación efectiva entre Nación y provincias— espera respuesta. Por ahora, desde el Ministerio de Capital Humano no hubo pronunciamiento oficial.