Escándalo en La Rioja: la vicepresidenta de la UCR nacional Inés Brizuela y Doria denunció una detención «ilegal y partidaria» y pedirá jury de enjuiciamiento contra dos fiscales
La exintendenta de la capital riojana fue privada de su libertad en el ejercicio de su profesión de abogada, durante una asamblea del Colegio de Farmacéuticos. La Cámara del Crimen hizo lugar al hábeas corpus y calificó la detención como «arbitraria e ilegítima». El Comité Nacional del radicalismo emitió un comunicado de repudio y reclamó al gobernador Ricardo Quintela que «cese la persecución a los que piensan diferente». Brizuela y Doria apuntó al entramado de vínculos entre el Poder Judicial provincial y la familia del gobernador.
El caso que involucra a la dirigente radical Inés Brizuela y Doria escaló en las últimas horas de un episodio policial en la capital riojana a un conflicto institucional de alcance nacional. La abogada, exintendenta de la ciudad de La Rioja, exsenadora y exdiputada nacional, y actual vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) nacional, denunció haber sido detenida de manera «ilegal y partidaria» durante una asamblea ordinaria del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, mientras cumplía funciones de defensora letrada de uno de los integrantes de esa entidad. Tras recuperar la libertad, anunció que impulsará pedidos de jury de enjuiciamiento contra dos fiscales provinciales y responsabilizó al gobernador Ricardo Quintela por el funcionamiento del Poder Judicial local.
El hecho se produjo durante una sesión del consejo directivo del Colegio de Farmacéuticos, en el marco de una denuncia por violencia de género efectuada por la presidenta de la entidad, Silvia Alejandra Brizuela Ledesma, contra el vocal primero, Jorge Osvaldo Bordón. Brizuela y Doria actuaba como patrocinante de Bordón. Según la reconstrucción realizada por la propia dirigente en una entrevista con El Observador, la Policía provincial intervino luego de un llamado al 911 que alertaba sobre el supuesto incumplimiento de una restricción perimetral por parte del acusado. Esa medida preventiva, sin embargo, no existía: no había ninguna orden judicial de restricción vigente al momento del procedimiento, y la documentación que así lo acreditaba fue exhibida por la abogada ante los agentes, sin que modificara el curso de los acontecimientos.
«Me detuvieron en calidad de abogada»
La exintendenta relató que, al presentarse en el lugar para defender a su cliente, también fue privada de su libertad. El fiscal de instancia de apellido González justificó la actuación bajo la figura de flagrancia, aunque —según planteó Brizuela y Doria— no existían causales reales para sostener esa calificación. «Estoy muy angustiada con esto, una sensación de impotencia tremenda, sentir en carne propia ese avasallamiento», describió la dirigente respecto al impacto personal del episodio.
La vicepresidenta del radicalismo nacional apuntó específicamente a la abogada Marcela Ortega, a quien ubicó como cercana al gobernador Quintela y a quien atribuyó la denuncia falsa al 911 que gatilló el operativo. «Lo escuché al fiscal González este lunes que dijo que quien llamó a la policía mintiendo, diciendo que se estaba violando una perimetral, fue la abogada de la señora presidenta del Colegio de Farmacéuticos», sostuvo Brizuela y Doria, en alusión a Ortega.
El fallo que calificó la detención como «arbitraria e ilegítima»
Horas después de su liberación, Brizuela y Doria presentó un hábeas corpus ante la Cámara del Crimen de la capital provincial con el objetivo de liberar a su cliente. El tribunal resolvió a favor del planteo con un fallo de tono contundente. Según reseñó la propia defensora, la Cámara sostuvo que el proceso «estuvo plagado de vicios», que se registraron «hechos de notable gravedad» y que, incluso si se hubiera encuadrado la situación en la figura de flagrancia, «no se respetaron las garantías mínimas del proceso de flagrancia» ni se dio «intervención al juez». La conclusión judicial fue categórica: la detención fue «arbitraria e ilegítima«.
Con ese antecedente, la dirigente radical anunció que impulsará pedidos de jury de enjuiciamiento contra dos magistrados provinciales: el fiscal de instancia González y el fiscal general Javier Vallejos. El jury es el mecanismo previsto por la Constitución provincial para la remoción de jueces y fiscales por mal desempeño, delitos en ejercicio de sus funciones o inhabilidad sobreviniente, y tramita ante un órgano específico integrado por representantes de los tres poderes del Estado provincial.
El Colegio de Farmacéuticos removió a su presidenta
Paralelamente, el cuerpo colegiado decidió avanzar en el plano institucional propio. El Colegio de Farmacéuticos de La Rioja resolvió remover a Silvia Brizuela Ledesma de la presidencia y emitir un comunicado en el que «repudia la detención ilegal del señor Bordón, vocal titular primero» y cuestiona «la actuación arbitraria e ilegal de la abogada Marcela Ortega» contra la exintendenta. La decisión es significativa porque proviene del propio ámbito profesional en el que se originó la denuncia y le agrega un elemento institucional adicional al planteo de Brizuela y Doria.
«La cabeza del Poder Judicial está compuesta por la sobrina del gobernador»
El tramo más político del pronunciamiento de la dirigente radical apuntó al entramado de vínculos que, según su lectura, articulan al Poder Judicial provincial con el oficialismo gobernante. «La cabeza del Poder Judicial está compuesta por la sobrina del gobernador; también por exministros de la función ejecutiva del actual gobernador, exdiputados y exconstituyentes. La Justicia suele actuar como brazo ejecutor del poder político», afirmó Brizuela y Doria.
La referencia apunta a Ana Karina Becerra, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja desde 2022. Becerra se había incorporado al máximo órgano judicial provincial en diciembre de 2021, tras desempeñarse previamente como secretaria de Justicia del Gobierno riojano, y es uno de los puntos más frecuentemente señalados por la oposición política en su crítica al mapa de poder institucional construido durante los sucesivos mandatos de Quintela y su antecesor Sergio Casas.
La dirigente radical recordó, además, que durante su gestión como intendenta de la capital —entre 2019 y 2023— ya había denunciado bloqueos institucionales, conflictos con trabajadores municipales y falta de respuestas judiciales a distintas presentaciones formuladas por el Municipio. En el plano personal, no descartó avanzar con reclamos judiciales por daños y perjuicios y por falsa denuncia contra los responsables del episodio.
La UCR nacional entró de lleno: «Persecución a los que piensan diferente»
El conflicto escaló cuando el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado oficial en repudio al accionar de la Policía y de la Justicia de La Rioja. El texto se refiere al operativo como una acción «arbitraria» que «recuerda los días más oscuros de nuestro país» y que afectó directamente a «la vicepresidenta de nuestro partido, Inés Brizuela y Doria, en el ejercicio de su profesión de abogada».
En el documento, el Comité Nacional del radicalismo reclamó expresamente al gobernador Ricardo Quintela que «termine con la persecución a los que piensan diferente al poder provincial y que cese con la utilización del poder judicial para beneficiar a sus amigos». La intervención del partido centenario eleva el caso a la agenda política nacional y lo coloca en el mapa del debate institucional argentino, particularmente en un momento en que Quintela viene proyectándose como actor central del armado federal opositor al Gobierno de Javier Milei, junto a Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella, Gerardo Zamora y Gildo Insfrán.
Un episodio con ramificaciones políticas y judiciales
El cuadro que deja el caso Brizuela y Doria es múltiple. En el plano judicial, abre un capítulo con aristas muy concretas: un hábeas corpus concedido, un fallo contundente de la Cámara del Crimen, un jury de enjuiciamiento en ciernes contra dos fiscales y la eventual apertura de causas por falsa denuncia y daños y perjuicios. En el plano institucional, dispara una discusión profunda sobre los vínculos entre el Poder Judicial provincial y la gestión del Ejecutivo, con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el centro del debate. En el plano político, el episodio coloca al gobernador Quintela en una posición defensiva en un frente al que hasta ahora no había prestado demasiada atención: el de la oposición radical provincial, articulada con el Comité Nacional de la UCR.
La referencia nacional no es menor. Quintela, cuya voz viene sonando cada vez más fuerte en la agenda política argentina —con la reivindicación de la soberanía sobre Josemaría e Ischigualasto, la discusión sobre el salario docente, el modelo EMSE y el rol del RIGI—, ahora deberá responder también por un episodio que su adversaria política define como una persecución judicial partidaria. Para el radicalismo, en paralelo, la detención de Brizuela y Doria se convierte en una bandera institucional con potencial de unificar al espectro opositor provincial y en un punto de apoyo para la reconstrucción política de una fuerza que atraviesa un proceso de reacomodamiento nacional.
En los próximos días se espera el ingreso formal del pedido de jury contra los fiscales González y Vallejos, así como eventuales nuevas denuncias en el marco del proceso penal que podría abrirse por falsa denuncia. La palabra del Gobierno provincial riojano, por ahora, sigue siendo un silencio que empieza a hacerse demasiado ruidoso.