Amenazas en escuelas: la jueza Yvana Alarcón Rearte citó a adolescentes y ordenó medidas socioeducativas
El Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Yvana Alarcón Rearte, intervino tras pintadas y mensajes intimidatorios en colegios de la capital riojana. Se dispusieron entrevistas con los estudiantes y sus familias, controles psicofísicos y medidas obligatorias de prevención.
En las últimas semanas, varias escuelas de la ciudad de La Rioja registraron inscripciones en baños y amenazas que generaron alarma en la comunidad educativa. Ante esta situación, el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 4 —Secretaría Penal Juvenil— con sede en la capital y bajo la conducción de la jueza Dra. Yvana Alarcón Rearte, tomó intervención directa.
La magistrada citó a cuatro familias cuyos hijos, adolescentes de entre 13 y 17 años, participaron de los hechos. Durante las audiencias, los jóvenes reconocieron que se trataba de “una broma” sin medir las consecuencias. “El objetivo es concientizar: estos actos tienen impacto legal, social y económico”, subrayó Alarcón Rearte.
Entre las medidas adoptadas se ordenaron controles psicofísicos urgentes, asistencia terapéutica en caso de ser necesaria, prohibición de consumo de alcohol y drogas, y la incorporación obligatoria a actividades deportivas supervisadas. Además, se dispuso el secuestro de teléfonos celulares y la revisión de mochilas en presencia de padres o tutores, para preservar la seguridad en los establecimientos.
La jueza advirtió a las familias que el incumplimiento de las medidas podría derivar en procesos por desobediencia a la autoridad y responsabilidades económicas por los daños ocasionados. También recordó que la responsabilidad penal comienza a los 16 años, aunque desde los 14 ya se aplican procedimientos de seguimiento. “No se trata solo de sancionar, sino de trabajar para revertir estas conductas y evitar que se repitan en la escuela o en la sociedad”, enfatizó.
El caso expone la necesidad de un abordaje integral que involucre a la Justicia, la escuela y las familias, en un contexto donde episodios de violencia y amenazas se replican en distintas provincias del país.