La Rioja implementa un protocolo escolar ante amenazas: “No podemos minimizar ni exagerar las situaciones”
La Secretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, a cargo de Vanesa Navarro Martínez, oficializó un protocolo de actuación en escuelas primarias y secundarias. El objetivo es coordinar acciones rápidas entre Educación, Seguridad, Justicia y Salud para resguardar a estudiantes y docentes.
El Ministerio de Educación de La Rioja puso en marcha un protocolo de actuación frente a amenazas en establecimientos escolares, tras una serie de pintadas y mensajes intimidatorios que se replicaron en distintas provincias del país. La resolución ministerial alcanza a todas las escuelas de nivel primario y secundario, públicas y privadas, y establece fases claras de intervención.
La secretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, Vanesa Navarro Martínez, explicó que el protocolo busca dar seguridad y organización a las instituciones educativas. “No es lo que hubiéramos deseado, pero era necesario para resguardar la integridad de estudiantes y docentes. El solo hecho de una intimidación pública ya constituye un delito”, señaló.
El esquema prevé que directores o vicedirectores activen la denuncia policial inmediata, con intervención de la policía y equipos ministeriales. Además, contempla un abordaje interdisciplinario con profesionales de salud, justicia y niñez, y la realización de jornadas de convivencia escolar junto a las familias.
Navarro Martínez subrayó que el protocolo no pretende cargar de responsabilidades adicionales a los docentes, sino acompañarlos con personal especializado. “El espíritu es que tengan menos carga administrativa y más apoyo. El docente detecta y eleva la situación, pero no queda solo”, aclaró.
Hasta el momento, se registraron más de 30 denuncias en la provincia, con un promedio de diez por día. El protocolo también prevé medidas socioeducativas y de reparación en casos de riesgo leve o moderado, y la intervención judicial en situaciones de riesgo alto. “El camino es el trabajo en red, la autorreflexión y la reparación comunitaria, no la sanción punitiva”, concluyó la funcionaria.