El comercio riojano en caída libre: más cierres que en pandemia
Juan Keulián, titular del Centro Comercial, advierte que la pérdida de poder adquisitivo hace tres años no tiene precedente. El comercio se desmorona bajo endeudamiento crónico, cierre de locales y avance del empleo informal, que ya supera el 50% en la provincia.
La crisis económica que atraviesa La Rioja está transformando el comercio local en uno de sus principales colapsados. Juan Keulián, titular del Centro Comercial e Industrial (CCI), realizó un diagnóstico sombrío: hace tres años el poder adquisitivo de la población era significativamente mejor, y actualmente hay más cierres de comercios que los registrados durante la pandemia. El contraste es revelador de una recesión que, lejos de atenuarse, se profundiza mes a mes.
«Hace tres años el poder adquisitivo de la gente era un poco mejor y por eso el comercio se seguía moviendo», señaló Keulián. Esa referencia a mediados de 2023 marca un punto de inflexión: aunque ya se atravesaba una crisis bajo la administración Fernández, la caída actual del consumo es de mayor magnitud. El deterioro de los salarios reales, combinado con la inflación que licúa ahorros, ha generado una situación donde las familias riojanas tienen menos capacidad de compra que hace apenas tres años.
El colapso del comercio se expresa en múltiples dimensiones. Keulián señaló que «en la pandemia hubo un cierre importante de comercios pero no tan importante como ahora». Esta afirmación es contundente: la pandemia fue una crisis de oferta con restricciones sanitarias; la actual es una crisis de demanda derivada de la caída salarial real. Sin capacidad de compra, los consumidores no ingresan a los locales, y los comerciantes, sin ventas, no pueden sostener sus operaciones.
El endeudamiento crónico es el otro factor que profundiza la crisis. Keulián explicó que «muchos comercios adeudan los aportes, adeudan los impuestos provinciales y también las tasas». Este cuadro refleja una trampa: los comerciantes han intentado sostener sus negocios endeudándose, pero sin ventas que justifiquen ese endeudamiento, quedan atrapados entre obligaciones que no pueden pagar y ingresos que se desploman. La consecuencia es clara: cierre de locales o reducción de operaciones.
A diferencia de algunos análisis que cargan la responsabilidad exclusivamente en la administración nacional, Keulián realizó un diagnóstico más matizado. Según su visión, «está repartida la incidencia local y nacional en la situación que hoy vive el comercio. Es una suma, aparte de la crisis nacional tenemos una crisis local». Este reconocimiento de responsabilidad compartida es importante: la provincia, donde el 80 por ciento del empleo es estatal y los sueldos son bajos, amplifica el impacto de cualquier recesión nacional. La dependencia fiscal de La Rioja en transferencias federales y el bajo nivel de salarios públicos genera un colchón mínimo para que el consumo se sostenga en una crisis.
La informalidad es la secuela más visible de este colapso. Frente a la imposibilidad de cumplir con aportes patronales e impuestos, muchos comerciantes han migrado hacia el empleo en negro. Keulián advirtió que «el empleo informal supera el 50% y debe estar cerca de llegar al 60%, y en el interior es mucho más alto». Esta cifra refleja una descomposición estructural: el comercio formal, que históricamente había sido un espacio de registro y contribución, se desmorona hacia la informalidad como mecanismo de supervivencia.
Las consecuencias de esta transición hacia la informalidad son múltiples. Afecta a los trabajadores, que pierden cobertura social y acceso a beneficios. Afecta al fisco provincial, que deja de recaudar aportes e impuestos. Y afecta a la viabilidad futura del comercio mismo: sin registro, sin financiamiento formal, sin acceso a crédito, los comerciantes informales operan en una economía de subsistencia que no genera inversión ni crecimiento.
Ante este escenario, el CCI ha iniciado gestiones para pedir al gobierno provincial medidas de alivio. Keulián mencionó que «ya lo estamos trabajando para poder aliviar un poco la presión impositiva sobre los comercios», refiriéndose a un pedido de diferimiento en el pago de impuestos o una moratoria. Este reclamo refleja una realidad: si el comercio está quebrado, la presión impositiva simplemente acelerará los cierres. Sin embargo, la provincia enfrenta su propia crisis fiscal, lo que limita su capacidad de crear moratorias sin comprometer su caja.
El comercio de La Rioja se encuentra, entonces, en una encrucijada: atrapado entre la caída del poder adquisitivo nacional, la dependencia fiscal provincial, el endeudamiento crónico y la presión impositiva. Que haya más cierres ahora que durante la pandemia sugiere que esta no es una crisis transitoria sino estructural. Sin recuperación salarial real de la población y sin alivio fiscal que permita que los comercios respiren, el proceso de descomposición del comercio formal continuará, dejando detrás una economía cada vez más informal, precaria e invisible.
La advertencia de Keulián no es solo un diagnóstico empresario: es un termómetro del deterioro económico y social que La Rioja está experimentando. En una provincia donde el comercio tradicional es un articulador de empleo y consumo, su colapso anuncia una recesión más profunda aún, con efectos que trascenderán el ámbito económico y alcanzarán dimensiones sociales y políticas que ya comienzan a hacerse visibles.