Vicuña anuncia reinicio de obras en La Rioja: hacia la resolución de una disputa que paralizó la minería más estratégica de Cuyo

Lundin Mining anticipa el cierre de la batalla judicial por la Ruta 506 y el bypass a Guandacol, mientras abre nuevas negociaciones con Quintela sobre desarrollo minero. El comunicado marca un giro en la relación entre la empresa y la provincia tras meses de injunciones que frenaron el acceso al yacimiento Josemaría.

Vicuña reiniciará los trabajos en la ruta provincial 506 y el bypass hacia Guandacol una vez que la orden judicial que lo impide sea dejada sin efecto, según informó la empresa operadora del proyecto Josemaría en un comunicado emitido desde San Juan el 30 de abril. Aunque el anuncio evita mencionar explícitamente el conflicto interprovincial que estancó la infraestructura vial, la aseveración marca un punto de inflexión en la larga batalla por acceso al yacimiento de cobre más importante de Cuyo, que enfrenta a La Rioja contra San Juan desde hace años.

Lundin Mining, casa matriz de Vicuña, destaca el compromiso del gobierno de Quintela con el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), un requisito ambiental cuyo procesamiento ha permanecido estancado mientras la provincia procesaba las disputas jurisdiccionales que derivaron en la injunción judicial sobre la Ruta 506. La empresa indica que completará el mantenimiento del camino y continuará la licitación para la circunvalación, proceso en el que ya participan empresas riojanas que esperan las oportunidades de empleo que generaría la etapa de construcción.

El contexto es crucial: desde 2024, La Rioja ha librado una batalla judicial contra San Juan por la competencia territorial sobre Ley 18.004, un instrumento normativo dictado durante la dictadura de Onganía que vincula las provincias a través del límite de la cuenca hídrica. Los juzgados de Chilecito emitieron injunciones que paralizaron toda actividad en el tramo riojano de la Ruta 506, asfixiando la única vía de acceso al yacimiento. La disputa no es meramente administrativa: refleja la pugna entre dos provincias por capturar las rentas de uno de los mayores proyectos mineros de inversión extranjera en el país, en un contexto donde ambas reclaman jurisdicción ambiental y tributaria.

El comunicado de Vicuña introduce un elemento nuevo: la apertura a explorar «oportunidades de desarrollo minero» con el gobierno de La Rioja. Esto sugiere que la empresa está construyendo una salida política que incluya a Quintela en la gobernanza del proyecto, posiblemente mediante acuerdos de empleo local, capacitación de proveedores y, potencialmente, incentivos fiscales provinciales. Las «próximas semanas» de reuniones en La Rioja anunciadas por Vicuña pueden señalar que las partes buscan resolver la disputa jurisdiccional mediante una arquitectura de negociación que incluya tanto a la provincia como a las comunidades afectadas.

La dimensión nacional es tan importante como la provincial. Josemaría representa casi USD 4.000 millones en inversiones proyectadas y podría transformar el mapa de exportaciones de Argentina en cobre. Su parálisis impacta directamente en los objetivos macroeconómicos del gobierno Milei, que requiere captura de divisas por inversión minera. La ausencia de La Rioja en el régimen de Incentivo a Grandes Inversiones Mineras (RIGI)—un punto de fricción con Martín Menem en la Cámara de Diputados—contrasta con esta apertura de Vicuña, sugiriendo que el gobierno nacional y la empresa ven en Quintela un interlocutor viable para destrabar el proyecto.

Los números de empleo que Vicuña menciona son modestos comparados con la escala del proyecto, pero significativos para Chilecito y Guandacol: la circunvalación generará puestos en construcción y servicios; la operación minera requiere cientos de profesionales. Sin embargo, para La Rioja—una provincia donde la coparticipación federal ha caído en términos reales y la pobreza se ha profundizado—el verdadero desafío será extraer rentas sostenibles del proyecto. La historia de minería en Argentina ofrece pocas garantías de que los beneficios económicos fluyan hacia la provincia donde se extrae el mineral.

El silencio sobre San Juan en el comunicado de Vicuña es elocuente. La disputa jurisdiccional entre ambas provincias no desaparecerá con la reanudación de obras; la injunción judicial que paraliza la Ruta 506 seguirá activa hasta que los juzgados la revoquen. Esto implica que existe un acuerdo de facto—o una expectativa próxima—entre La Rioja y San Juan sobre cómo resolver la competencia territorial. Si ese acuerdo existe, su contenido permanece en la sombra.

Para Quintela, los beneficios políticos son claros: demostrar que puede negociar con actores nacionales e internacionales, generar empleo en una provincia que sufre desocupación, y capturar rentas que financien su gobierno en un contexto de austeridad fiscal. Pero también está el riesgo: si el acuerdo favorece demasiado a San Juan o si Josemaría se convierte en un proyecto extractivo sin captura real de valor para La Rioja, el gobernador pagará el costo político.

La próxima semana de reuniones entre Vicuña y el gobierno de Quintela será determinante. De esas conversaciones dependerá si el comunicado de hoy representa un verdadero reinicio o un ejercicio de comunicación política que mantiene la disputa viva en el plano institucional mientras Las Flores—el corazón del conflicto—permanece congelada. Para Argentina, la apuesta es más alta: un proyecto minero que pudiera transformar sus exportaciones, o una lección más sobre cómo la fragilidad institucional convierte el potencial económico en rentismo político.