La iniciativa, impulsada por la diputada Lourdes Ortiz, propone restricciones diferenciadas para los niveles primario y secundario. Cuenta con el aval de sociedades de pediatría y psicólogos, quienes advierten sobre el impacto de los consumos problemáticos en el bienestar emocional de los menores.
En un contexto marcado por la desregulación generalizada, la provincia de La Rioja abre el debate sobre una de las problemáticas más sensibles de la crianza y la educación actual: la vinculación de los niños y adolescentes con la tecnología. La diputada provincial Lourdes Ortiz presentó un proyecto de ley que busca regular el uso de dispositivos digitales dentro de los establecimientos escolares, una medida que, según explicó, no pretende «demonizar» la tecnología, sino poner un límite al consumo problemático y fortalecer la autoridad en el aula.
La iniciativa, que tomará estado parlamentario este jueves en la Legislatura provincial, propone un esquema rígido para el nivel primario y uno más flexible para el secundario, siempre bajo el paraguas del «criterio pedagógico».
«Necesitamos pensar la forma de cuidar la vinculación de los niños con el uso de la pantalla. No pretendemos demonizar la tecnología, pero debemos distinguir su uso de aquel consumo problemático que hoy materializa conflictos como el bullying en el ámbito escolar», señaló Ortiz en diálogo con medios locales.
El esquema propuesto: prohibición y autonomía
El proyecto establece lineamientos claros según la edad y el trayecto formativo de los estudiantes:
- Nivel Primario: El uso de teléfonos celulares y pantallas estará, por regla general, restringido durante la jornada escolar. «Los niños y niñas no van a poder hacer uso del dispositivo, salvo excepciones por motivos de accesibilidad o bajo un criterio pedagógico específico determinado por el docente», detalló la legisladora.
- Nivel Secundario: Se plantea un esquema más flexible que contemple la autonomía de los jóvenes, aunque el uso seguirá supeditado a las consignas de los profesores. Los dispositivos deberán permanecer guardados o apagados mientras no sean requeridos para una actividad de aprendizaje.
Alarma por la salud mental y el «entramado frágil»
Uno de los puntos más sólidos del proyecto es su sustento multidisciplinario. La redacción contó con el aporte de la Sociedad Argentina de Pediatría (filial La Rioja) y el Colegio de Psicólogos, quienes advirtieron sobre efectos nocivos como la depresión infantil vinculada a la falta de límites en el uso de pantallas y la fragilidad del entramado social actual.
«Las psicólogas nos refieren situaciones donde el niño no encuentra la mirada del adulto, quien muchas veces también está pegado al teléfono. Es un llamado a la sociedad en general; no sirve de nada regular en la escuela si el niño vuelve a su casa y no tiene un acompañamiento familiar», reflexionó Ortiz.
El rol del docente y la «guía práctica»
El proyecto también busca ser un escudo para los educadores. Según la diputada, muchos docentes hoy enfrentan la incomodidad o el reclamo de los padres cuando intentan poner límites al uso del celular. La ley funcionaría como un respaldo institucional para devolver la autoridad al frente del aula.
Asimismo, se adelantó que el Ministerio de Educación provincial ya trabaja en una «guía práctica» de aplicación para que cada escuela, respetando su orientación y particularidad, pueda adaptar la normativa a su realidad cotidiana.
Contexto nacional y financiamiento
La Rioja se suma así a otras jurisdicciones, como la Provincia de Buenos Aires, que ya han avanzado en regulaciones similares. Sin embargo, el debate no escapa a la crisis económica nacional. Ortiz vinculó la problemática de la salud mental con el desfinanciamiento de políticas públicas: «Hoy el problema no es el diagnóstico, es el financiamiento. En un contexto donde la salud parece un privilegio, nuestro mayor esfuerzo debe ser garantizar el bienestar digital de los más jóvenes».
El proyecto será derivado a las comisiones de Educación y Legislación, donde se espera recibir nuevos aportes de la comunidad educativa antes de su tratamiento definitivo en el recinto.
