La Rioja es la excepción: los mayores de 65 trabajan principalmente como asalariados, no como cuentapropistas

Mientras que a nivel nacional el cuentapropismo domina entre los trabajadores jubilables, en el aglomerado riojano prevalece el empleo registrado. Aún así, la precarización laboral avanza: casi 6 de cada 10 ocupados de esa edad carecen de aportes jubilatorios.

Un fenómeno singular caracteriza el mercado laboral de mayores de 65 años en La Rioja: en el aglomerado urbano riojano, dos de cada tres ocupados en ese rango etario trabajan como asalariados registrados (67,6%), configurando un perfil laboral diametralmente opuesto al de la mayoría del territorio nacional. Mientras que en el país el cuentapropismo concentra el 48,1% de los mayores que continúan en actividad, La Rioja mantiene una estructura ocupacional centrada en el empleo dependiente.

Los datos del cuarto trimestre de 2025, extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y procesados por Politikon Chaco, revelan que La Rioja es uno de los once aglomerados urbanos donde los asalariados constituyen la categoría ocupacional mayoritaria. Solo Ushuaia-Río Grande (74,5%), Gran Resistencia (56,0%) y Concordia (51,6%) superan o igualan esa proporción en el régimen asalariado.

Sin embargo, la aparente fortaleza de la formalidad riojana esconde una paradoja preocupante. Aunque el cuentapropismo representa apenas el 19,6% de los ocupados +65 en La Rioja —muy por debajo del promedio nacional—, la informalidad laboral entre quienes trabajan en relación de dependencia avanza sin cesar. Esa característica sitúa a La Rioja entre las provincias con mayor precariedad, ya que el aglomerado es uno de los pocos donde los trabajadores familiares sin remuneración alcanzan participaciones significativas: el 5,8%, el nivel más alto junto con Santa Rosa-Toay y Mar del Plata.

El crecimiento sin estabilidad

Entre 2016 y 2025, la cantidad de ocupados de 65 años y más en La Rioja creció 26,9%, pasando de 1.834 a 2.328 personas. A pesar de ese incremento, la participación relativa de ese grupo sobre el total de ocupados se redujo marginalmente, bajando de 2,3% a 2,0%, lo que indica que el crecimiento general del empleo en la provincia superó el aumento específico de este segmento etario.

Esa dinámica se inscribe en un contexto de crisis previsional que alcanza con particular virulencia a La Rioja. Provincias como Santiago del Estero-La Banda (430,8%), Río Gallegos (352,4%) y Gran San Juan (234,0%) han registrado expansiones exponenciales en el empleo de mayores de 65 años, alimentadas por el colapso de los ingresos jubilatorios. La Rioja, con su crecimiento moderado del 26,9%, sugiere una situación donde menos adultos mayores «deben» prolongar su vida laboral, aunque esa aparente ventaja se disuelve ante el análisis de la informalidad.

Asalariados pero sin protección

La estructura ocupacional riojana, fuertemente anclada en el empleo de dependencia, ha sido históricamente más vulnerable a los ciclos de precarización. Datos de la EPH-INDEC muestran que en La Rioja, como en el resto del país, ha crecido exponencialmente la proporción de asalariados informales entre los mayores de 65. El desafío para la provincia radica en revertir esa tendencia sin caer en la trampa del cuentapropismo de subsistencia que caracteriza a otros aglomerados.

Los patrones en La Rioja ocupan apenas el 7,0% de los mayores de 65, un porcentaje significativamente menor al promedio nacional (7,2%), indicando que muy pocos adultos mayores accedieron a posiciones empresariales o de mayor autonomía económica. Ese cuadro sintetiza la precariedad estructural: mayores de 65 obligados a continuar trabajando, predominantemente como asalariados informales sin protección jubilatoria, en una provincia que ya enfrenta tasas de pobreza cercanas al 37% y donde la capacidad de compra de las jubilaciones se erosiona continuamente.