El Ministerio de Seguridad creó una estructura interinstitucional para prevenir que organizaciones criminales transnacionales exploten infraestructuras logísticas estratégicas. La provincia, por su geografía y vinculación con minería y transporte, quedará bajo vigilancia coordinada de organismos federales en un operativo que promete profundizar la presencia estatal en territorios vulnerables.
La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, firmó ayer la Resolución 446/2026 que establece la creación de una Mesa de Coordinación Federal de Prevención y Combate del Narcotráfico y la Criminalidad Organizada en los Corredores Bioceánicos, una iniciativa que integra explícitamente a La Rioja como jurisdicción estratégica en la arquitectura de seguridad nacional.
El instrumento legal representa un cambio significativo en la estructura de comando para el combate del narcotráfico. Hasta ahora, la coordinación provincial operaba bajo esquemas fragmentados. La nueva Mesa introduce un dispositivo permanente que articula a la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia, el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas policiales federales, con convocatoria también de autoridades provinciales.
El documento define «corredores bioceánicos» como el conjunto integrado de infraestructuras, nodos logísticos, pasos fronterizos y vías de comunicación terrestre, ferroviaria, fluvial y portuaria que articulan el territorio nacional con Estados limítrofes. En la práctica, esta definición abarca las rutas por las que transitan minerales extraídos en Vicuña hacia puertos, conexiones viales hacia el norte del país y flujos comerciales internacionales que atraviesan territorio riojano.
La resolución establece que las acciones se «priorizarán en los corredores bioceánicos situados en el norte del país, cuyo eje vincula a las provincias del Noroeste Argentino (NOA) y el Noreste Argentino (NEA)». La Rioja, junto con Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Formosa, forma parte de esta zona de operaciones. El fundamento normativo explícita que estas regiones presentan «vulnerabilidades susceptibles de ser explotadas por organizaciones criminales transnacionales para la reconfiguración de rutas ilícitas».
La iniciativa responde a una preocupación estructural: el desarrollo de infraestructuras logísticas modernas (tanto en curso como proyectadas) crea simultaneamente oportunidades para economías lícitas y canales de circulación para droga sintética, precursores químicos, contrabando y lavado de activos. El documento refiere que «el incremento exponencial de los flujos logísticos y comerciales amplía las oportunidades para la comisión de delitos complejos, en particular el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de precursores químicos y otras manifestaciones de la criminalidad organizada transnacional».
El operativo incluye disposiciones concretas: la Secretaría de Seguridad Nacional será responsable de evaluar y definir el despliegue operativo de fuerzas federales en los corredores; la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico realizará análisis integrales sobre fenómenos de narcocriminalidad; se desarrollarán programas de capacitación técnica para fuerzas policiales federales, provinciales y municipales; y se promoverán mecanismos de cooperación voluntaria con operadores logísticos, empresas de transporte y concesionarios de infraestructura.
Para La Rioja, la medida plantea una tensión implícita. Por un lado, reconoce la necesidad de coordinación federal y presencia estatal en zonas vulnerables a criminalidad organizada. Por otro, introduce un esquema de vigilancia y coordinación que podría afectar la operatoria privada en minería y transporte, sectores críticos para la economía provincial.
Funcionarios provinciales consultados en privado señalaron que la resolución no especifica mecanismos de consulta previa con gobiernos locales, ni financiamiento específico para órganos provinciales que colaboren. El Centro Regional de Información actuará como «nodo técnico central», pero su vinculación con capacidades provinciales de inteligencia criminal sigue sin definición operativa clara.
Resolución
