La Rioja carga con una deuda pública de $ 556 mil millones en el primer trimestre de 2026
La provincia enfrenta una deuda flotante de $86 mil millones, mientras que más de 90% de su deuda está en manos de tenedores de títulos públicos y organismos de crédito internacionales
La administración pública no financiera de La Rioja presenta un panorama de endeudamiento crítico en el primer trimestre de 2026. De acuerdo con documentos de la Dirección General de Deuda Pública provincial, el stock de deuda acumulada al 31 de marzo alcanzó los $556.274,77 millones de pesos corrientes, lo que consolida la vulnerabilidad fiscal de una provincia que depende estructuralmente de las transferencias federales y que mantiene postergados pagos a proveedores, contratistas y trabajadores.
La composición del endeudamiento revela una crisis de corto plazo
La deuda pública provincial se divide en dos segmentos críticos. Por un lado, la deuda consolidada a largo plazo asciende a $503.473,73 millones, constituida principalmente por títulos públicos locales ($63.407 millones) e internacionales ($440.066,73 millones en dólares). Por otro, existe una deuda flotante de $86.284,11 millones que refleja obligaciones vencidas que el gobierno provincial no ha podido cancelar.
La deuda flotante es particularmente preocupante por su distribución: $26.116,98 millones adeudados a proveedores y contratistas, $25.625,15 millones en deuda salarial acumulada (tanto en ejercicios corrientes como anteriores), y $23.618,62 millones en transferencias provinciales no pagadas a municipios y organismos del sector público. A esto se suman $10.923,36 millones en otras obligaciones diversas. Estos atrasos impactan directamente en la cadena productiva y en los ingresos de empleados públicos que esperan regularización.
El financiamiento de organismos internacionales marca la pauta de la deuda de largo plazo
Entre los principales acreedores de La Rioja figuran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que financiaron proyectos de infraestructura social. El BIRF mantiene la mayor exposición con créditos destinados a la construcción del nuevo hospital de Chilecito ($16.847,39 millones) y al programa de fortalecimiento de la gestión pública provincial ($24.853,76 millones con vencimiento a 2040).
Los servicios de deuda devengados en el primer trimestre alcanzaron los $3.098,97 millones en conceptos de amortización e intereses. La tasa de servicio de deuda con respecto a los ingresos corrientes evidencia la limitada capacidad de la provincia para reducir su endeudamiento sin ajustes estructurales en gasto corriente.
Un respiro temporal pero frágil
En términos de ejecución presupuestaria acumulada a marzo, la provincia registró un resultado primario positivo de $6.328,17 millones (diferencia entre ingresos y gastos excluyendo servicios de deuda). Sin embargo, esta cifra requiere matices críticos. Los ingresos corrientes alcanzaron $342.824,82 millones, de los cuales $331.392,87 millones provinieron de ingresos tributarios, en su mayoría transferencias nacionales. Los gastos corrientes devengados fueron de $341.589,35 millones, concentrados en personal ($192.562,01 millones) y transferencias corrientes a municipios y otros sectores públicos ($97.070,47 millones).
El hecho de que la provincia logre un superávit primario en el trimestre no debe interpretarse como fortaleza fiscal genuina. La deuda flotante acumulada sugiere que las transferencias a municipios y los pagos a proveedores están siendo sistemáticamente postergados para mantener el equilibrio de caja, lo cual es un mecanismo de ajuste temporal que traslada la crisis fiscal a otros actores.
Garantías otorgadas: riesgo fiscal adicional
La provincia también ha asumido garantías contingentes por $147,15 millones a favor de Cerdo de los Llanos SAU, una empresa dedicada a la mejora y ampliación del frigorifico actual más ampliación de criadero porcino. Este aval, otorgado bajo la Ley N° 10368/21, tiene vencimiento en octubre de 2028 y representa un riesgo fiscal adicional si la empresa incumple sus obligaciones crediticias con el prestamista.
La Rioja
La situación de la deuda pública de La Rioja sintetiza los dilemas estructurales de una provincia que carece de una base tributaria propia robusta. Con más del 80% de sus ingresos dependientes de coparticipación federal, y enfrentando una deuda pública que representa aproximadamente 1.600% de los ingresos corrientes trimestrales, la provincia exhibe un escenario de fragilidad fiscal crónica.
El crecimiento de la deuda flotante, especialmente en deuda salarial y a proveedores, refleja una provincia que financia su funcionamiento no mediante ajuste de gasto sino mediante acumulación de deuda con sus propios empleados, acreedores comerciales y gobiernos municipales. Sin una reforma en la estructura de gastos corrientes o una mejora sustancial en ingresos tributarios propios, la sostenibilidad de estas obligaciones dependerá de renovadas inyecciones de recursos federales que no están garantizadas en el contexto de los lineamientos fiscal contractivos del gobierno nacional.
Fuente: Dirección General de Deuda Pública, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de La Rioja. Ejecución Presupuestaria del Primer Trimestre de 2026.