Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso revela que la provincia se ubica en el fondo de la tabla nacional en recaudación propia. Apenas el 10% de sus recursos provienen de impuestos provinciales, mientras la dependencia de la coparticipación federal se profundiza en un escenario de fragilidad fiscal estructural.
La radiografía tributaria provincial que acaba de difundir la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), con datos acumulados a febrero de 2026, deja a La Rioja en una posición incómoda dentro del mapa fiscal argentino. En el rubro Ingresos Brutos —principal columna de la recaudación propia en todas las jurisdicciones—, la provincia registró en febrero una caída interanual del 16% a valores constantes, cifra que la ubica entre las tres peores del país, sólo superada por Misiones (-24%) y muy lejos del promedio nacional, que se contrajo apenas 3%.
El cuadro se agrava en el impuesto Inmobiliario. Mientras el conjunto de las provincias muestra un acumulado bianual del +63% real, traccionado por las revaluaciones catastrales y los ajustes tarifarios aplicados en distritos como Buenos Aires (+351%), Entre Ríos (+963%) o San Luis (+215%), La Rioja exhibe una caída acumulada del 22% en términos reales. El dato no es menor: la provincia no consigue trasladar la inflación a sus valuaciones fiscales y, en consecuencia, pierde capacidad recaudatoria justo en el tributo más vinculado a la base patrimonial local.
Una estructura tributaria de baja densidad
El informe de la OPC incorpora un indicador clave para dimensionar la fragilidad: la participación de los impuestos provinciales sobre el total de recursos de cada jurisdicción. Con dato 2024 —último consolidado disponible—, La Rioja figura con apenas un 10% de recursos propios. La cifra contrasta con el promedio del 32% que exhibe el conjunto de provincias y queda muy por debajo de jurisdicciones como CABA (73%), Buenos Aires (40%), Mendoza (31%) o incluso Misiones (30%). En la región Cuyo-Norte, comparable por perfil productivo, San Juan duplica a La Rioja con 19% y Catamarca registra 12%.
Esa baja densidad tributaria expresa, en términos contables, lo que el oficialismo provincial reconoce puertas adentro: una matriz de ingresos casi enteramente subordinada a las transferencias automáticas y discrecionales del Tesoro Nacional. Cuando el flujo federal se retrae —como viene ocurriendo desde 2024 con la caída real de la coparticipación y la suspensión de fondos no automáticos—, La Rioja no dispone de un colchón propio para amortiguar el impacto. La OPC consigna, además, que en términos del PBI nacional la recaudación provincial agregada se mantiene en torno al 5% desde 2017, sin que las jurisdicciones más débiles hayan logrado escalar posiciones en esa torta.
El año arranca con números rojos
El indicador mensual también enciende alarmas. A nivel nacional, la recaudación provincial muestra un repunte acumulado del 3% real en el bimestre enero-febrero de 2026, traccionado por un enero positivo (+7%) que se desinfló en febrero (-1%). En el caso riojano, sin embargo, los dos rubros estructurales —Ingresos Brutos e Inmobiliario— operaron en sentido contrario al promedio: caídas reales pronunciadas que comprometen el flujo de caja de los primeros meses del año, justamente cuando la administración provincial enfrenta vencimientos del cronograma de Decreto 219/2026 y compromisos con prestadores de APOS, proveedores y municipios.
La comparación interanual es elocuente. Mientras San Juan acumula un crecimiento real del 7% en Ingresos Brutos —apoyado en la actividad minera vinculada a Vicuña y Veladero—, La Rioja retrocede 16% en febrero. Mendoza, otra jurisdicción cuyana con perfil exportador, crece 4%. La asimetría regional se traduce, en los hechos, en una pérdida relativa de competitividad fiscal: cada peso que La Rioja deja de recaudar es un peso que debe pedirle a Nación o que reduce su capacidad de pago corriente.
Coparticipación como variable de cierre
El informe de la OPC no analiza la coparticipación, pero su lectura cruzada con los datos del Ministerio de Economía provincial permite inferir el escenario: con recursos propios planchados y transferencias nacionales en caída real, el déficit estructural se profundiza. La provincia ya transita un proceso de reperfilamiento de su deuda en bonos verdes, con litigios activos en Massachusetts impulsados por tenedores institucionales, y una negociación abierta con el sector farmacéutico privado por la mora de APOS. Sumar a ese cuadro un primer bimestre con caída real del 16% en Ingresos Brutos equivale, en términos prácticos, a comenzar el año con menos margen del que el Presupuesto 2026 había proyectado.
El dato adquiere relevancia política en el inicio del año electoral. Cualquier discusión sobre la sucesión gubernamental hacia 2027 —ya sea la fórmula Pedrali-Herrera, Madera-Brizuela y Doria o eventuales reconfiguraciones impulsadas por el senador Fernando Rejal— deberá partir de un piso fiscal más estrecho que el heredado al inicio de la gestión Quintela. La administración entrante, sea del signo que sea, recibirá una provincia con apenas 10% de autonomía tributaria y una recaudación propia que, en el primer bimestre de 2026, retrocede más rápido que el promedio del país.
El número que mejor sintetiza el problema es el 10%. Esa es la proporción de los recursos totales de La Rioja que proviene de impuestos propios. El otro 90% se compone, esencialmente, de coparticipación federal, transferencias automáticas, regalías mineras incipientes y aportes del Tesoro Nacional. En un país donde el promedio provincial es 32% y donde jurisdicciones comparables triplican o duplican el indicador riojano, la estadística describe algo más que una debilidad técnica: describe un modelo de provincia. Mientras San Juan capitaliza fiscalmente Vicuña y Veladero, mientras Neuquén apalanca Vaca Muerta y Mendoza diversifica su matriz, La Rioja sigue sin trasladar a su recaudación los pocos sectores productivos en expansión —minería, energías renovables, parques industriales con beneficios fiscales—. La no adhesión al RIGI, la baja base inmobiliaria valuada a precios reales y la presión política para no actualizar tributos en años electorales convergen en el mismo resultado: una provincia que, en febrero de 2026, recauda menos en términos reales que un año atrás, mientras el resto del país, en promedio, recauda más. El número de la OPC no es un dato técnico aislado: es el espejo en el que se mira la dependencia estructural riojana del centralismo fiscal argentino.
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