Un análisis de Fundación Mediterránea reveló que La Rioja comparte el tercer lugar nacional en empleo público provincial, con 111 empleados cada mil habitantes. La ausencia de la provincia en los rankings de empleo privado formal evidencia su dependencia estructural de la nómina estatal y la fragilidad de su base productiva.

Un informe de Ieral de Fundación Mediterránea sobre la situación laboral provincial expuso una realidad que ha definido la estructura económica de La Rioja durante décadas: la provincia depende desproporcionadamente del empleo público mientras carece de una base de empleo privado formal que genere sostén fiscal genuino. Según pudo saber eduardogerman.com, La Rioja comparte el tercer lugar en el ranking nacional de empleo público provincial junto a Neuquén, con 111 empleados públicos cada mil habitantes. Solo Tierra del Fuego la supera con 141.

Esa cifra adquiere significado cuando se contrasta con el promedio nacional de empleo público de 50 trabajadores por mil habitantes. La Rioja más que duplica ese indicador. Neuquén, que aparece tercero en empleo público, lo compensa con un desempeño extraordinario en empleo privado: 219 trabajadores formales cada mil habitantes, impulsados por la actividad de Vaca Muerta. Río Negro, por su parte, registra 154 empleados privados formales por mil habitantes, superando la media nacional de 144.

La Rioja no aparece en los rankings de empleo privado formal que elaboró Fundación Mediterránea. Su ausencia del análisis comparativo es reveladora: sugiere que la provincia se ubica significativamente por debajo de la media nacional en generación de empleo privado registrado.

El problema estructural de La Rioja

Esa estructura laboral refleja una dependencia fiscal que ha caracterizado a La Rioja durante décadas y que el Gobierno nacional, bajo el Decreto 219/2026, buscó agravar mediante el congelamiento de transferencias de coparticipación. Según pudo saber eduardogerman.com, mientras provincias como Neuquén y Río Negro diversifican sus bases de empleo entre el sector público y un robusto sector privado formal, La Rioja mantiene una nómina estatal hipertrofiada sin un complemento productivo privado equivalente.

El análisis de Fundación Mediterránea agregó un diagnóstico que aplica particularmente a La Rioja: «Las diferencias entre provincias reflejan distintos niveles de productividad, desarrollo empresarial, inserción exportadora y capacidad de generar empleo formal». La Rioja carece de esos indicadores. No posee actividad hidrocarburífera como Neuquén. No desarrolló economías regionales agrícolas, frutícolas o pesqueras como Río Negro. No cuenta con inserción exportadora significativa.

En cambio, La Rioja mantiene una máquina estatal que absorbe recursos fiscales sin generar retorno productivo. Esa máquina depende casi exclusivamente de las transferencias federales de coparticipación —el mismo mecanismo que el Gobierno Milei congeló mediante el Decreto 219/2026.

La trampa de la ausencia de datos

La ausencia de La Rioja en los rankings provinciales de empleo privado formal no es accidental. Refleja que la provincia carece de actividades de escala que generen empleo privado registrado masivo. El informe menciona que en el extremo opuesto se ubican Formosa, Santiago del Estero y Chaco, «con los niveles más bajos del país» en empleo privado formal. La Rioja probablemente integre ese grupo de provincias de bajo dinamismo laboral privado.

El contraste es elocuente: Neuquén aparece segunda a nivel nacional en empleo privado (219 por mil habitantes) y tercera en empleo público (111). Esa combinación le otorga flexibilidad fiscal y capacidad de negociación con el Gobierno nacional. Cuando Neuquén negocia con Milei, lo hace desde una posición de fuerza relativa: su economía genera empleo privado, su provincia no depende enteramente de transferencias federales.

La Rioja, con 111 en empleo público pero sin cifras de empleo privado formal en el ranking, negocia desde la debilidad. Su empleo privado es presumiblemente bajo, lo que la mantiene atrapada en una dependencia fiscal que el Gobierno nacional explota deliberadamente.

La crisis del empleo privado nacional

El informe de Fundación Mediterránea agregó un diagnóstico más amplio: la recuperación económica nacional «todavía no logra traducirse en generación sostenida de empleo privado formal en el país». Durante el último año, cerca de 100 mil trabajadores asalariados privados registrados perdieron su empleo. Crecieron modalidades laborales «más frágiles», como el monotributo y el empleo no registrado.

Para La Rioja, esa tendencia nacional tiene implicancias locales particularmente severas. Si el empleo privado formal ya es bajo, la precarización adicional profundiza la vulnerabilidad. Los sectores que muestran mejores indicadores —energía, minería, agroindustria y exportaciones— representan apenas el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado.

Según pudo saber eduardogerman.com, en La Rioja la minería permanece prácticamente ausente de esos porcentajes nacionales. El proyecto Vicuña (Lundin Mining/BHP) está judicializado. La provincia no fue incluida en el RIGI de incentivos a inversiones mineras. La ausencia de La Rioja en el mapa de generación de empleo en sectores dinámicos es total.

Los números de empleo público de La Rioja (111 por mil habitantes, tercer lugar nacional) no son un logro sino un problema estructural. Revelan una provincia atrapada en una máquina estatal sobrecargada que carece de complemento productivo privado. Mientras Neuquén compensa su alto empleo público con 219 trabajadores privados formales, y Río Negro equilibra su estructura con economías regionales dinámicas, La Rioja mantiene una nómina estatal gigante sostenida casi enteramente por transferencias federales que el Gobierno Milei congela deliberadamente.
El informe de Fundación Mediterránea no menciona a La Rioja en los rankings de empleo privado formal. Esa ausencia es más elocuente que cualquier cifra. Significa que la provincia carece de base productiva privada que genere empleo registrado, que la mantiene atrapada en una dependencia fiscal, y que cualquier presión sobre esas transferencias —como la que ejerce el Decreto 219/2026— impacta directamente en la capacidad del Estado provincial de sostener su nómina.
Para 2027, cuando el Gobierno nacional confrontará electoralmente a Quintela mediante candidatos de La Libertad Avanza, esa estructura laboral vuelve a La Rioja particularmente vulnerable. Una provincia sin empleo privado dinámico no puede negociar desde fortaleza. Solo puede intentar preservar lo que tiene: un Estado inflado que depende de transferencias que el Gobierno nacional controla. Es la trampa perfecta de la vulnerabilidad institucional provincial.

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Por Eduardo Nelson German

Periodismo + Opinión

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