El diputado de La Libertad Avanza sostuvo que la ley aprobada por la Legislatura riojana vulnera la seguridad jurídica, desalienta inversiones y carece de sustento constitucional; además denunció un clima de persecución contra sectores opositores
El diputado provincial de La Libertad Avanza Diego Molina Gómez cuestionó con dureza la ley aprobada por la Legislatura de La Rioja que respalda el reclamo territorial sobre sectores actualmente bajo jurisdicción de San Juan y afirmó que la iniciativa impulsada por el gobernador Ricardo Quintela constituye una medida “ilegal”, “marketinera” y perjudicial para la llegada de inversiones.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Radio Sarmiento de San Juan, donde el legislador libertario criticó el alcance de la norma sancionada recientemente y advirtió sobre las consecuencias institucionales y económicas que, a su criterio, podría generar la reapertura del conflicto limítrofe entre ambas provincias.
“Claramente es una ley que lesiona la seguridad jurídica, tanto la de ustedes en San Juan como la nuestra en La Rioja”, afirmó Molina.
Cuestionamientos a la legalidad de la norma
El legislador sostuvo que la iniciativa aprobada por la mayoría oficialista desconoce principios elementales del orden jurídico argentino al intentar declarar inválida una ley nacional mediante una norma provincial.
Según explicó, los límites entre ambas provincias fueron establecidos mediante la Ley Nacional 18.004 y posteriormente ratificados por el Digesto Jurídico Argentino aprobado por el Congreso en 2014.
“Una ley provincial nunca puede venir a derogar una ley nacional. La discusión ya fue resuelta por el Congreso y, si alguien pretende revisarla, debe plantearlo primero en el ámbito legislativo nacional y eventualmente ante la Corte Suprema”, señaló.
Molina consideró que la medida impulsada por la administración provincial carece de efectos jurídicos concretos y que no modifica la situación legal vigente en los territorios en disputa.
El impacto sobre las inversiones
Uno de los principales cuestionamientos del diputado estuvo vinculado al efecto que la controversia podría generar sobre proyectos productivos y mineros de relevancia para la región.
Según sostuvo, la incertidumbre derivada del conflicto afecta la percepción de los inversores y perjudica tanto a San Juan como a La Rioja.
“El problema es cómo lo observan quienes evalúan invertir. Lo que se transmite es inseguridad jurídica y eso termina dañando a una provincia que ya atraviesa una situación económica delicada”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la prioridad debería estar puesta en generar condiciones favorables para la radicación de capitales y el desarrollo económico.
“Una estrategia de posicionamiento nacional”
Molina vinculó además la iniciativa con una estrategia política del gobernador Ricardo Quintela para consolidarse como referente opositor al presidente Javier Milei.
A su juicio, el conflicto territorial responde más a objetivos políticos que a una verdadera preocupación por los límites provinciales.
“Es una cuestión de marketing político. Se intenta instalar una agenda de confrontación para posicionar al gobernador en el escenario nacional como una figura opositora al Gobierno”, sostuvo.
El legislador aseguró que la discusión territorial reaparece en un contexto de creciente tensión entre la administración provincial y la Casa Rosada.
Denuncias por persecución política
Durante la entrevista, Molina también denunció la existencia de un clima de hostigamiento hacia dirigentes y medios de comunicación críticos del oficialismo provincial.
El diputado hizo referencia a la situación de una emisora radial de la provincia que recientemente denunció haber sufrido el retiro de su medidor eléctrico y vinculó el episodio con una supuesta represalia política.
Asimismo, cuestionó el proceso legislativo iniciado en su contra a partir de una cuestión de privilegio promovida por diputados del oficialismo y de otros bloques.
“Quieren sancionarme y suspenderme de mis funciones legislativas. Son situaciones que muestran el deterioro institucional que vive la provincia”, afirmó.
Críticas a la situación económica
En el tramo final de sus declaraciones, el legislador libertario trazó un diagnóstico crítico sobre la realidad económica y social de La Rioja.
Molina aseguró que la provincia enfrenta serias dificultades estructurales y atribuyó esa situación a las políticas implementadas durante los últimos años por el oficialismo provincial.
“Tenemos una provincia empobrecida, con salarios muy bajos y una situación social cada vez más compleja. Esa debería ser la principal preocupación del Gobierno”, concluyó.
Las declaraciones del diputado profundizan el debate político generado por la reciente ley sobre límites territoriales y anticipan que la controversia continuará ocupando un lugar central en la agenda pública riojana durante las próximas semanas.
