Dos nuevos sondeos analizan el clima social y las reformas que pide la ciudadanía a mitad de año; el desempeño de los mandatarios provinciales obtuvo una calificación crítica.
El escenario político y económico de la Argentina atraviesa un período de definiciones clave en la percepción pública. A mitad de año, los sondeos de opinión privada reflejan una marcada polarización respecto del rumbo del Gobierno, acompañada de una exigencia latente por reformas estructurales de fondo y una mirada sumamente crítica hacia el desempeño de las administraciones provinciales.
De acuerdo con el último relevamiento nacional de la consultora DC Consultores, realizado entre el 29 de junio y el 4 de julio sobre 2.115 casos mediante dispositivos móviles, la demanda de transformaciones económicas inmediatas se consolida en la agenda pública. Al ser consultados sobre qué medidas regulatorias deberían adoptarse antes de fin de año, el 47,6% de los encuestados se inclinó por profundizar la reforma laboral con cambios definitivos, mientras que un 32,1% señaló la urgencia de una reforma tributaria orientada a una baja masiva de impuestos de forma inmediata.
En sintonía con este reclamo de alivio fiscal, el estudio indaga sobre los principales obstáculos para alcanzar el desarrollo productivo. El 34,3% de los participantes consideró que el protagonismo actual corresponde al sector privado, bajo la premisa de que si no se reducen los impuestos y las cargas sociales, las pequeñas y medianas empresas no experimentarán mejoras sustanciales. En tanto, un 25,8% apuntó a la remoción del cepo cambiario y a la reconstrucción de la confianza inversora como los primeros vectores a resolver.
El estudio de DC Consultores arroja además una luz de alerta para el tablero político del interior del país, puntualmente en lo que respecta a la relación entre los ciudadanos y las gestiones locales. Al «tomar examen» y solicitar una calificación del 1 al 10 para evaluar el desempeño general de los gobernadores, la puntuación promedio obtenida a nivel nacional fue de apenas 3,84 puntos, una cifra que expone el extendido descontento social hacia las administraciones subnacionales en el actual contexto de ajuste estructural.
Asimismo, al analizar la distancia percibida entre la dirigencia política y la sociedad, las respuestas abiertas recolectadas por la consultora identificaron términos recurrentes como «falta de empatía», «viven otra realidad», «egoístas» y «beneficios propios» para graficar la desconnexión con las problemáticas del ciudadano de a pie.
Por otro lado, en lo relativo a las expectativas sobre la continuidad institucional del Poder Ejecutivo conducido por Javier Milei, el informe detalla que el 50,6% de los consultados desea que el Presidente continúe cuatro años más para culminar su proyecto, frente a un 25,4% que rechaza tanto su continuidad como el rumbo adoptado, expresando su preferencia por retornar a esquemas económicos previos. Un 11,2% adicional manifestó no respaldar la figura presidencial pero sí la vigencia del rumbo económico actual, mientras que el 12,8% restante supeditó su decisión a la evolución de las variables macroeconómicas hacia el cierre del año.
Paralelamente, el informe público de la consultora Giacobbe, elaborado sobre un muestreo de 2.500 casos residenciales entre el 30 de junio y el 6 de julio, aporta datos complementarios sobre el termómetro social y económico del país. Ante la consulta sobre la percepción de la economía familiar e individual, el 54,7% de los entrevistados aseguró que la situación está empeorando. En contraposición, un 19% evaluó que la economía está mejorando pero admitió que «todavía no lo está sintiendo» en su bolsillo, mientras que un 16,6% afirmó percibir de manera directa una evolución favorable en sus indicadores cotidianos.
El mapa de imagen de los principales referentes políticos medido por Giacobbe ratifica niveles estables de polarización. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lidera la consideración con un 41% de imagen positiva y un 53,1% de negativa. Por su parte, el presidente Javier Milei registra un 37,5% de valoración positiva frente a un 56,9% de percepción negativa, consolidando un núcleo de apoyo firme en la opinión pública a pesar de las complejidades inherentes al programa económico vigente.
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