Abogados de La Rioja advirtieron sobre el proyecto de propiedad privada, pero uno de los capítulos cuestionados fue retirado
El Consejo Profesional reclamó un debate amplio por las reformas sobre expropiaciones, desalojos, tierras rurales y manejo del fuego. El expediente continúa en el Senado y el oficialismo eliminó del texto negociado el apartado referido a la adquisición de tierras por extranjeros.
El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja expresó su preocupación por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional que propone cambios en los regímenes de expropiaciones y desalojos, además de modificaciones vinculadas con las tierras rurales y el manejo del fuego.
La entidad sostuvo que la reforma puede afectar herramientas estatales destinadas a proteger el interés público y pidió que el Congreso analice sus consecuencias jurídicas, sociales, económicas y ambientales antes de avanzar con su aprobación.
Entre sus principales objeciones, el Consejo mencionó las modificaciones a la Ley de Expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego.
Una precisión sobre el trámite legislativo
El comunicado contiene una imprecisión sobre el estado parlamentario de la iniciativa. Aunque señala que el proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, los registros oficiales indican que fue enviado por el Poder Ejecutivo y comenzó su tratamiento en el Senado bajo el expediente PE-13/2026.
La propuesta obtuvo dictamen de mayoría, con modificaciones, el 20 de mayo. Su tratamiento en el recinto fue postergado y el expediente continuaba oficialmente pendiente.
El cambio sobre las tierras rurales
La advertencia de los abogados riojanos puso especial énfasis en la posible eliminación de los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La Ley 26.737 vigente establece que los extranjeros no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales del territorio nacional, provincial o municipal. También fija restricciones por nacionalidad y superficie.
No obstante, antes de la sesión prevista para el 6 de agosto, el oficialismo retiró del texto negociado el capítulo que modificaba esas restricciones. La decisión respondió a la falta de respaldo suficiente en el Senado.
Por ese motivo, la preocupación institucional conserva vigencia respecto de otros apartados del proyecto, pero su observación sobre la extranjerización de tierras quedó referida a una versión anterior de la iniciativa.
Expropiaciones, desalojos y ambiente
El Consejo también advirtió que los cambios en el régimen de expropiaciones podrían reducir la capacidad del Estado para intervenir ante causas de utilidad pública declaradas por ley.
Sobre los desalojos, reclamó que cualquier modificación respete el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la vivienda. El proyecto distingue entre ocupantes legítimos y usurpadores e introduce mecanismos orientados a acelerar determinados procedimientos.
La entidad cuestionó además la propuesta de modificar las restricciones al cambio de uso del suelo en terrenos afectados por incendios. Señaló que ese punto requiere una evaluación profunda por sus posibles consecuencias ambientales y sobre el patrimonio natural.
Durante el debate en comisiones del Senado, especialistas convocados para analizar el proyecto también plantearon reparos sobre la regulación del manejo del fuego. El constitucionalista Daniel Sabsay consideró que ese apartado podía implicar un retroceso en los estándares de protección ambiental.
El equilibrio constitucional
El Consejo riojano reconoció que el derecho de propiedad está garantizado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, pero sostuvo que debe interpretarse junto con otros principios, como la protección ambiental, la soberanía territorial y el interés general.
La institución pidió un debate democrático con participación de los sectores involucrados y reafirmó su compromiso con la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales.
Fuentes consultadas
- Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja
- Expediente PE-13/2026 del Senado de la Nación
- Tratamiento y dictámenes en comisiones del Senado
- Texto vigente de la Ley 26.737 de Tierras Rurales
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