El retiro del capítulo sobre compra de tierras rurales por extranjeros evitó una modificación apresurada, pero no resolvió el problema riojano. La provincia debe aprovechar esta pausa legislativa para publicar un mapa territorial verificable: quién posee la tierra, dónde se concentra, qué parte es fiscal y cómo se superpone con recursos mineros, hídricos y ambientales.
Las claves
- La ley sigue vigente: la Ley 26.737 mantiene un límite general del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a escala nacional, provincial y departamental.
- 9,06% en La Rioja: el registro oficial contabiliza 1.344.090 hectáreas extranjerizadas sobre 14.829.800 hectáreas rurales.
- 56,70% en General Lamadrid: el departamento supera ampliamente el tope legal; Chilecito se ubica en 14,86%.
- La discusión no terminó: retirar el capítulo compra tiempo político, pero la provincia todavía necesita información territorial accesible, actualizada y comparable.
Un retiro que evita un mal debate
Durante la reanudación de la sesión transmitida por Senado TV el 6 de agosto de 2026, el oficialismo retiró del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba el régimen de tierras rurales. La última propuesta conocida elevaba del 15% al 25% el límite provincial y departamental para propietarios extranjeros.
La decisión fue razonable. Un cambio de esa magnitud no debía aprobarse como moneda de negociación dentro de un proyecto más amplio sobre expropiaciones y desalojos. Pero sería un error que La Rioja interprete el retiro como el final del asunto. Para la provincia, los datos actuales ya justifican una política territorial más transparente.
El dato riojano cambia la discusión
La actualización de agosto de 2025 del Registro Nacional de Tierras Rurales muestra que La Rioja tiene 1.344.090 hectáreas rurales en manos extranjeras. Representan 9,06% del total rural provincial, frente a 4,97% en el país.
El promedio provincial, sin embargo, oculta una concentración extraordinaria. General Lamadrid registra 349.858 hectáreas extranjerizadas sobre 617.004 hectáreas rurales: 56,70%. Chilecito aparece con 71.904 hectáreas y 14,86%, apenas debajo del límite departamental vigente.
Estos números no prueban por sí solos ilegalidad. La Ley 26.737 preservó derechos adquiridos y el registro puede incluir situaciones anteriores a su sanción. Tampoco informan, en esa tabla, la identidad de los titulares, el uso efectivo de cada predio ni la relación con concesiones mineras. Pero sí demuestran que el debate no es abstracto para La Rioja.
El argumento de la inversión merece una respuesta seria
Quienes defendían la flexibilización sostienen que menos restricciones podrían atraer capital, ampliar la producción y dar mayor seguridad jurídica. Es un argumento atendible en una provincia que necesita inversión privada, empleo formal e infraestructura.
El contraargumento es igualmente concreto: inversión y transferencia del dominio territorial no son sinónimos. La minería, la energía y la producción pueden organizarse mediante concesiones, contratos, arrendamientos o asociaciones sin eliminar controles sobre la propiedad rural. Además, la Constitución reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales; esa facultad exige información y capacidad estatal, no solo apertura.
La pregunta correcta no es “capital extranjero sí o no”. Es qué inversión, bajo qué reglas, con qué trazabilidad, qué beneficios locales y qué límites sobre áreas estratégicas. Reducir la discusión a soberanía contra desarrollo empobrece las dos posiciones.
La Rioja debe publicar su mapa territorial
La Provincia cuenta con catastros, registros inmobiliarios, información minera y datos ambientales. El paso institucional pendiente es integrarlos en una plataforma pública que preserve los datos personales, pero permita conocer:
- la superficie rural por departamento y su porcentaje de extranjerización;
- la localización agregada de tierras fiscales y privadas;
- la evolución de transferencias de dominio y cambios societarios;
- las concesiones mineras, permisos ambientales y áreas protegidas, diferenciados de la propiedad superficial;
- las fuentes, fechas de actualización y limitaciones de cada registro.
Ese tablero permitiría discutir con evidencia, detectar inconsistencias y evaluar si la provincia conserva capacidad de planificación. También daría previsibilidad a inversores legítimos: reglas visibles reducen discrecionalidad y conflictos.
Una pausa útil si produce información
La retirada del capítulo frenó una reforma sin consenso suficiente. No debería convertirse en una excusa para archivar el tema hasta la próxima urgencia parlamentaria.
La Rioja ya tiene un departamento con 56,70% de tierras rurales extranjerizadas y otro al borde del límite. Antes de reclamar más apertura o levantar una bandera defensiva, el Gobierno provincial y la Legislatura deberían ofrecer una radiografía completa del territorio. La soberanía sin datos es una consigna; la inversión sin reglas, un riesgo. La política pública empieza cuando ambas dejan lugar a la transparencia.
Fuentes directas
- Senado de la Nación — transmisión oficial de la sesión, 6 de agosto de 2026.
- Senado de la Nación — dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, 20 de mayo de 2026.
- Registro Nacional de Tierras Rurales — extranjerización por departamento, actualización de agosto de 2025.
- Ley 26.737 de Tierras Rurales — texto actualizado, consulta del 6 de agosto de 2026.
- El País — última propuesta negociada antes de la sesión, 5 de agosto de 2026.
