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Tolosa Paz defendió los “Chachos” y acusó al Gobierno de Milei de “asfixiar” financieramente a La Rioja

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Victoria Tolosa Paz durante una reunión institucional

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz defendió la decisión del gobernador Ricardo Quintela de utilizar nuevamente los Bonos de Cancelación de Deuda —BOCADE—, conocidos como “Chachos”, para complementar los salarios de los trabajadores públicos de La Rioja.

La legisladora de Unión por la Patria aseguró que la medida debe analizarse dentro del enfrentamiento político y financiero que la provincia mantiene con el Gobierno de Javier Milei.

“La Rioja es una provincia discriminada por una decisión política de quienes gobiernan la Argentina”, afirmó Tolosa Paz durante una entrevista con Radio del Plata.

La exministra de Desarrollo Social sostuvo que la administración nacional suspendió recursos que históricamente eran incorporados al Presupuesto para compensar la distribución desfavorable que La Rioja recibió en el régimen de coparticipación federal.

El respaldo a Quintela

Tolosa Paz reconoció que el regreso de una cuasimoneda constituye una medida extraordinaria, pero rechazó que deba ser interpretado únicamente como una señal de irresponsabilidad fiscal.

La legisladora presentó la decisión como un intento del gobernador de evitar un deterioro mayor en los ingresos de las familias estatales.

Cómo será el pago en Chachos

El Gobierno riojano dispuso una recomposición salarial diferenciada para los empleados públicos. El esquema combina incrementos al básico, sumas remunerativas y el pago de $50.000 en Chachos.

Para el escalafón general, la mejora comprende un aumento del 4% al salario básico, una suma fija remunerativa de $60.000 y otros $50.000 en bonos provinciales.

El reclamo por los recursos nacionales

La Rioja sostiene desde hace décadas que fue perjudicada por el reparto establecido en la Ley 23.548 de Coparticipación Federal. Para compensar esa situación, los presupuestos nacionales incorporaron partidas específicas destinadas a la provincia.

La controversia se profundizó después de que la gestión de Milei prorrogara presupuestos anteriores y redujera las transferencias no automáticas a las provincias.

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