La causa por el destino de los recursos del SisVial sumó detalles sobre la documentación que será utilizada para investigar qué ocurrió con fondos provenientes del impuesto a los combustibles.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz afirmó que su presentación contiene balances, cuentas de inversión, pagos y registros sobre las operaciones realizadas con los recursos, documentación que, según sostuvo, permitiría reconstruir cuándo se acumularon fondos y cuándo fueron utilizados para adquirir instrumentos financieros.
La dirigente recordó que el expediente se originó después de una investigación periodística que detectó una acumulación superior a $1 billón dentro del fideicomiso destinado al sistema vial.
Lijo comenzó a pedir documentación
Tolosa Paz confirmó que el juez federal Ariel Lijo admitió tanto su participación como querellante como la presentación del gobernador riojano Ricardo Quintela.
Según explicó, la investigación buscará establecer quién impartió las instrucciones para administrar esos recursos, cuándo se realizaron las operaciones financieras, qué auditorías existieron y qué obras quedaron sin pagos mientras el dinero permanecía invertido.
La hipótesis de una malversación de caudales públicos corresponde a la denuncia de Tolosa Paz y todavía debe ser investigada. No existe hasta ahora una sentencia que determine que funcionarios nacionales cometieron ese delito.
La alternativa: usar los fondos o coparticiparlos
Tolosa Paz incorporó además una definición política relevante. Sostuvo que existen dos alternativas: que los recursos vuelvan a utilizarse efectivamente para las rutas nacionales o que el fondo sea coparticipado entre las provincias, permitiendo que cada jurisdicción ejecute los trabajos correspondientes.
Mencionó como referencia aproximadamente $80.000 millones para Córdoba y cerca de $200.000 millones para Buenos Aires, cifras expresadas por ella durante la entrevista y que deberán contrastarse con la distribución legal del fondo antes de considerarlas montos definitivos.
La Rioja ya está dentro del expediente
Para La Rioja, la novedad complementa las declaraciones del fiscal de Estado Emilio Rodríguez. Quintela fue admitido como querellante por el impacto que la Provincia atribuye a la paralización de obras nacionales, particularmente en corredores estratégicos.
La investigación deberá determinar ahora si los recursos fueron administrados conforme a la normativa del fideicomiso o si existió una utilización incompatible con su destino legal.
El punto central ya no es solamente cuánto dinero quedó sin ejecutar: Lijo comenzó a reconstruir quién tomó las decisiones, bajo qué actos administrativos y qué ocurrió simultáneamente con los certificados y obras viales pendientes.
