Tras la quiebra decretada por la Cámara Segunda de Chilecito, empleados despedidos reclaman que se respete una sentencia firme y el pronto pago laboral. Advierten que fondos ya embargados podrían quedar dentro del proceso concursal.
La quiebra de la Curtiembre de Nonogasta reavivó la preocupación de ex trabajadores que desde 2020 reclaman salarios, indemnizaciones y otros conceptos laborales. El grupo sostiene que cuenta con una sentencia firme, pero teme que el proceso concursal vuelva a demorar el cobro.
Nicolás Pozo, ex empleado y referente del reclamo, explicó en Radio La Red que la Cámara Segunda de Chilecito decretó recientemente la quiebra de la firma. Según relató, los trabajadores habían logrado embargar $33 millones vinculados con la expropiación de la empresa, pero una medida de no innovar dictada en el fuero civil impide por ahora acceder a esos fondos.
“Tenemos un juicio ganado, con sentencia firme, por la parte laboral”, afirmó Pozo. El planteo se apoya en el pronto pago previsto por la Ley de Concursos y Quiebras para créditos de carácter alimentario. La inquietud es que el dinero ingrese a la masa de la quiebra y quede sujeto a los tiempos del expediente concursal.
Pozo recordó que trabajó en la planta desde 2002. La empresa, entonces perteneciente al grupo Yoma, pasó a capitales brasileños en 2008 y cerró durante la pandemia. Aseguró que los empleados no cobraron indemnizaciones ni salarios pendientes y que tampoco fueron despedidos formalmente a tiempo para acceder al fondo de desempleo.
El referente pidió además que el síndico establezca el valor real de la planta y de los bienes disponibles. Denunció que con los cambios de administración se redujeron el personal, la infraestructura y el patrimonio, y señaló que desconocen el destino de camiones y maquinaria. Estas afirmaciones corresponden al testimonio del ex trabajador y deberán ser verificadas dentro del proceso judicial.
La crisis también dejó una fuerte secuela social en Chilecito. Pozo indicó que muchos de sus compañeros sobreviven con changas o continúan desempleados, con mayores dificultades entre quienes superan los 50 años. Cuatro integrantes de la causa, agregó, murieron sin llegar a cobrar.
Para los ex empleados, el reclamo no se limita al dinero. La curtiembre llegó a ocupar a unas 800 personas y fue uno de los motores económicos de Chilecito. “Es una cuestión de justicia por nuestras familias, por nuestros compañeros muertos y por
los compañeros enfermos”, concluyó Pozo.
