El inspector general de Justicia de La Rioja, Jacob Saúl, respaldó la modernización del régimen societario argentino, pero reclamó que la reforma preserve las facultades de las provincias y contemple los recursos necesarios para aplicar los cambios.
Durante una exposición ante la Comisión de Legislación General del Senado, Saúl analizó el proyecto del Poder Ejecutivo que busca reemplazar la Ley General de Sociedades 19.550. La iniciativa contempla, entre otros puntos, la constitución digital de empresas, libros electrónicos y un registro nacional con información remitida por las jurisdicciones provinciales.
“No estamos en contra de modernizar, digitalizar, simplificar ni facilitar inversiones”, aclaró el funcionario riojano. Sin embargo, cuestionó que esos objetivos puedan utilizarse para avanzar sobre competencias reservadas a las provincias.
Saúl advirtió que la implementación de nuevas plataformas demandará servidores, programas informáticos, medidas de ciberseguridad, protección de datos y capacitación del personal. En ese sentido, planteó que debe definirse quién afrontará esos costos y rechazó una transferencia de obligaciones sin los recursos correspondientes.
Como alternativa, propuso acuerdos de cooperación entre la Nación y las provincias, además de asistencia tecnológica y financiamiento federal. “Modernización sí, digitalización sí, simplificación sí; pero cada provincia debe conservar su poder de organización”, resumió.
El funcionario destacó que La Rioja inició su propio proceso de transformación mediante la Ley 10.521, sancionada en 2022, que creó la Inspección General de Justicia provincial y trasladó el Registro Público de Comercio al ámbito del Poder Ejecutivo.
También señaló que los cambios societarios se publican en el Boletín Oficial y pueden ser consultados por los ciudadanos. Añadió que el organismo mantiene contacto con cámaras empresariales, colegios profesionales e inspectores de otras provincias, aunque cada jurisdicción avanza con ritmos y presupuestos diferentes.
Finalmente, Saúl sostuvo que una legislación moderna debe estar acompañada por condiciones económicas que permitan concretar inversiones y generar empleo de calidad. En ese punto, reclamó al Gobierno nacional una rectificación del rumbo económico.
