Exámenes, puntajes y reválida: el nuevo sistema que controlará a los jueces de La Rioja

El Consejo de la Magistratura de La Rioja dejó de ser solamente la puerta de entrada a la Justicia. Con el nuevo Reglamento General, aprobado por unanimidad el 11 de agosto, el organismo también tendrá intervención en la evaluación periódica de los jueces, la cobertura transitoria de cargos y la tramitación de denuncias contra integrantes de la Función Judicial.

La reforma busca hacer operativos los cambios introducidos por la Constitución provincial de 2024 y por la Ley 10.864. Hasta ahora, el Consejo actuaba principalmente en los concursos destinados a cubrir vacantes. El nuevo modelo extiende su influencia durante toda la trayectoria del magistrado.

Los concursos deberán finalizar dentro de los 120 días corridos. Los antecedentes, el examen escrito y la prueba oral formarán parte del puntaje. La evaluación escrita será anónima y las exposiciones orales deberán realizarse públicamente y quedar registradas. Después se confeccionará un orden de mérito del cual surgirán las ternas de candidatos.

Estas reglas representan un avance frente a los procedimientos con escasa información pública. Sin embargo, el puntaje técnico no elimina la decisión política: el Consejo está integrado por representantes de distintos poderes y la designación definitiva continúa dependiendo de las autoridades provinciales.

La modificación más sensible es la validación de los magistrados que cumplan diez años en sus funciones. El Consejo analizará sus antecedentes, capacitación, productividad, desempeño profesional y conducta ética. También habrá una evaluación oral pública. Si el resultado es satisfactorio, las actuaciones serán remitidas a la Cámara de Diputados para completar el procedimiento previsto por la Constitución.

La evaluación periódica puede convertirse en una herramienta de rendición de cuentas, pero también abre un interrogante institucional. Un juez que sabe que su continuidad volverá a pasar por organismos con participación política podría quedar expuesto a presiones, especialmente en causas que involucren al poder provincial.

El reglamento incorpora además listas para nombrar jueces transitorios y suplentes. Estas designaciones tendrán duración limitada, aunque será necesario controlar que la excepcionalidad no se convierta en una vía paralela para cubrir juzgados sin concursos definitivos.

También se establecen plazos y condiciones para denunciar a magistrados. No se admitirán presentaciones anónimas y el Consejo podrá investigar presuntos delitos, desconocimiento manifiesto del derecho o incumplimientos graves. Para impulsar una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento será necesaria una mayoría de dos tercios.

El verdadero cambio no dependerá solamente del texto aprobado. La transparencia exigirá publicar exámenes, planillas de puntajes, órdenes de mérito, recusaciones y fundamentos de cada decisión. Sin esa información, el nuevo reglamento podría ordenar los procedimientos sin despejar la sospecha histórica sobre la influencia política en la Justicia riojana.