Quintela sostuvo que existe una situación de “extrema gravedad” porque numerosos trabajadores ya no recurren al crédito para progresar o adquirir bienes, sino para cancelar obligaciones anteriores. Según planteó, las refinanciaciones permanentes y los intereses elevados terminan absorbiendo una parte creciente —y en algunos casos la totalidad— del ingreso familiar.
El mandatario aseguró que el decreto no impedirá el acceso al financiamiento, sino que procurará evitar que la necesidad económica sea aprovechada para obtener rentabilidades abusivas. Los alcances concretos, las tasas comprendidas, la autoridad de aplicación y los mecanismos de control se conocerán cuando el texto sea firmado y publicado oficialmente.
El anuncio se incorpora a una serie de decisiones provinciales sobre el endeudamiento. Mediante el Decreto 1082, el Gobierno dio de baja el código de descuento correspondiente a la empresa Genesys por presuntas irregularidades. Hacienda aclaró entonces que la medida no alcanzaba a la totalidad de los códigos y que los convenios regularizados continuaban vigentes.
También fue promulgada la ley que suspende por 180 días las ejecuciones prendarias en La Rioja. La norma no elimina las deudas ni modifica los contratos originales, pero concede un plazo durante el cual acreedores y deudores podrán negociar antes de que se concrete la pérdida de los bienes ofrecidos como garantía.
Como otro antecedente, en julio la División Delitos Económicos detuvo a un hombre acusado de otorgar préstamos clandestinos y amenazar a una mujer hasta obligarla a entregar un terreno. Quintela afirmó que en algunas operaciones investigadas las tasas superaban el 1000%.
El futuro decreto amplía así la intervención provincial desde los descuentos salariales y las ejecuciones prendarias hacia el mercado de créditos de consumo. Su impacto dependerá de la letra definitiva, de las facultades regulatorias que invoque el Ejecutivo y de la capacidad estatal para fiscalizar tanto a las entidades formales como a los prestamistas clandestinos.
