La provincia de La Rioja incorporó expresamente al personal del Servicio Penitenciario Provincial al adicional por Responsabilidad Funcional, fijado en el 50% de la asignación total correspondiente al grado.
La medida quedó establecida mediante la Ley 10.894, sancionada por la Cámara de Diputados el 13 de agosto, promulgada por el gobernador Ricardo Quintela el 24 de agosto y publicada en el Boletín Oficial del 28 de agosto de 2026.
La norma ratificó el Decreto 1.242, firmado el 11 de agosto, que rectificó una omisión del Decreto 142/26. Este último había elevado del 20% al 50% el adicional por Responsabilidad Funcional, pero solo mencionaba de manera expresa al personal policial.
Con la corrección, el beneficio alcanza tanto a los integrantes de la Policía de la Provincia como a los agentes comprendidos en la Ley 10.534 del Personal Penitenciario Provincial.
Efectos retroactivos desde febrero
La incorporación del personal penitenciario tendrá vigencia desde el 1 de febrero de 2026, la misma fecha establecida para la aplicación del aumento destinado a la Policía provincial.
La retroactividad implica que las liquidaciones deberán contemplar el período transcurrido desde febrero. Sin embargo, el texto publicado no precisa el cronograma ni la modalidad mediante la cual se abonarán las diferencias acumuladas.
El Ministerio de Hacienda fue instruido para realizar las adecuaciones presupuestarias, contables y administrativas necesarias. La ejecución concreta dependerá ahora de las liquidaciones salariales y de las disposiciones que adopten las áreas correspondientes.
La omisión que corrigió la nueva ley
El adicional por Responsabilidad Funcional había sido establecido en 2005 en un 20% de la asignación total del grado. En febrero de 2026, el Decreto 142 elevó esa proporción al 50% para adecuarla, según sus fundamentos, a las responsabilidades y condiciones salariales de las fuerzas de seguridad.
El Gobierno provincial sostuvo que tanto la Policía como el Servicio Penitenciario cumplen funciones con exigencias especiales de conducción, decisión, administración de recursos y seguridad. No obstante, la redacción original no había incluido expresamente al personal penitenciario.
El Decreto 1.242 subsanó esa omisión y la Legislatura lo ratificó mediante la Ley 10.894. De esta manera, la Provincia dio respaldo legislativo a la incorporación y mantuvo la misma fecha de vigencia para las dos fuerzas.
La norma no crea un nuevo adicional ni establece un incremento sobre el salario completo. Lo que dispone es que la Responsabilidad Funcional equivalga al 50% de la asignación total del grado, conforme a los regímenes salariales aplicables.
Queda pendiente que el Ministerio de Hacienda instrumente las liquidaciones y determine cómo se reflejarán las diferencias retroactivas correspondientes al personal penitenciario alcanzado.
Foto: archivo de EduardoGerman.com.
