Tres de las principales compañías mundiales de servicios para la industria petrolera marcaron distancia este sábado de los proyectos de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en medio del endurecimiento dispuesto por el Gobierno nacional.
SLB, Halliburton y Baker Hughes confirmaron, mediante distintas comunicaciones, que no participan o no prevén participar de actividades vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago y sus espacios marítimos circundantes.
La reacción empresarial se produjo después de la publicación del Decreto 868/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo reforzó la aplicación de la Ley 26.659 y designó a la Cancillería como autoridad de aplicación. La normativa alcanza a empresas vinculadas con actividades sin autorización argentina y contempla sanciones para servicios, operaciones financieras, logísticas, técnicas y comerciales relacionadas.
SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, informó este sábado que no participa ni tiene previsto participar en licitaciones destinadas a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en Malvinas y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas argentinas.
A esa posición se sumó Baker Hughes Argentina, que señaló expresamente que tampoco participa ni prevé intervenir en procesos de licitación relacionados con proyectos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. La compañía destacó además que desarrolla actividades en la Argentina desde hace más de 70 años.
Halliburton Argentina, por su parte, aseguró que respeta la soberanía argentina y afirmó que no participa del proyecto Sea Lion ni de actividades de exploración o producción en torno a las Islas Malvinas. También ratificó que sus operaciones en el país se desarrollan bajo las leyes y regulaciones nacionales.
Pablo Quirno en X
Las definiciones adquieren relevancia por el peso internacional de las tres compañías y por el mensaje que envían al mercado energético: los principales proveedores globales del sector buscan despegarse de cualquier operación que pueda quedar alcanzada por el régimen sancionatorio argentino.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró este sábado las definiciones de las compañías y las vinculó con la política del presidente Javier Milei. “Gracias a las políticas del presidente @JMilei Argentina emerge como un gigante energético y minero. Y como tal ya no puede ser ignorado. Llegaron los adultos a manejar la política exterior de Argentina. VLLC!”, escribió en X.
YPF también celebró las definiciones. “Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton, Baker Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante. Gracias por el apoyo”, expresó la petrolera a través de su cuenta oficial en X.
Quirno: la estrategia lleva meses de trabajo
El canciller Pablo Quirno defendió la estrategia oficial y rechazó que las últimas medidas hayan surgido por la bandera argentina exhibida durante el Mundial o por declaraciones recientes de Donald Trump. Sostuvo que se intenta minimizar un trabajo realizado durante meses para articular una estrategia integrada de defensa de los intereses argentinos en Malvinas y el Atlántico Sur, coordinada entre Cancillería y el Ministerio de Defensa. Como antecedente, remitió a una reunión realizada en mayo en la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
Quirno también advirtió que unas 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas y servicios asociados ya fueron notificadas y deberán elegir entre mantener vínculos con operaciones en Malvinas o exponerse a sanciones en la Argentina. El alcance incluye proveedores petroleros, financieros, aseguradoras y otras firmas que faciliten esas actividades.
Pablo Quirno en X
El respaldo de la Cámara Argentina de la Construcción
Al respaldo empresario se sumó la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), que manifestó su pleno acompañamiento a la postura del Gobierno nacional en defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. La entidad respaldó además las medidas orientadas a proteger los recursos naturales del país.
CAMARCO sostuvo que la cuestión Malvinas constituye un objetivo nacional que debe trascender las diferencias partidarias y unir a la ciudadanía. Al mismo tiempo, reclamó que la reivindicación se mantenga dentro de los principios de la Constitución Nacional y del derecho internacional, privilegiando el diálogo y los canales diplomáticos para alcanzar una solución pacífica.
El pronunciamiento de la construcción se inscribe en un respaldo empresario más amplio: el G6 —integrado por ADEBA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, CAMARCO, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina— también definió la soberanía sobre Malvinas como una causa nacional, permanente e irrenunciable y apoyó las acciones para resguardar los recursos naturales.
El foco está puesto particularmente sobre Sea Lion, proyecto offshore impulsado en el área en disputa. El Gobierno argentino sostiene que cualquier explotación de recursos en esa zona sin autorización nacional vulnera la legislación vigente y los derechos soberanos del país.
