Malvinas: Argentina rechazó una guía británica para empresas y Milei difundió la advertencia
Actualizada el 15 de septiembre de 2026. Pablo Quirno en un acto sobre Malvinas en el Palacio San Martín, el 16 de diciembre de 2025. Foto de archivo: Cancillería Argentina.
La Cancillería argentina rechazó una guía del Gobierno británico destinada a promover actividades comerciales con las Islas Malvinas e informó que profundizará las medidas contra la explotación de hidrocarburos sin autorización nacional. El comunicado fue difundido por el canciller Pablo Quirno y compartido por el presidente Javier Milei con el mensaje “TOMAR NOTA.”.
La cartera diplomática reportó cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas localizadas en 30 países, 60 procedimientos administrativos y tres denuncias penales que abarcan a diez compañías y sus directivos. Son actuaciones informadas por el Gobierno; la responsabilidad de los denunciados corresponde determinarla a la Justicia.
El reclamo tiene alcance federal: la legislación argentina también establece restricciones a la contratación de determinadas empresas por parte de provincias y municipios, incluidas las jurisdicciones de La Rioja.
La guía británica y el proyecto Sea Lion
El documento cuestiona la guía “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. Según la posición argentina, la iniciativa promueve actividades comerciales e hidrocarburíferas que vulneran sus derechos soberanos sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes.
Cancillería vinculó su rechazo con los anuncios de Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí, sobre el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Informó que, tras la denominada decisión final de inversión, convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel para entregarles notas formales de protesta.
El organismo sostuvo que estas acciones contravienen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras esté pendiente la solución de la disputa. También invocó las leyes 26.659 y 26.915 y el Decreto 868/2026 como parte del marco normativo utilizado para actuar contra operaciones no autorizadas.
El mensaje de Milei
El Presidente compartió la publicación oficial de Cancillería con la frase “TOMAR NOTA.”. No agregó precisiones sobre nuevas medidas. Quirno también difundió el comunicado desde su cuenta de X.
El comunicado completo
Las dos páginas del documento difundido por Cancillería se reproducen a continuación. Cada imagen puede abrirse para ampliar su lectura.
Fuentes: publicación oficial de Cancillería y mensaje de Pablo Quirno.
El anuncio previo de Vocería
Más temprano, Vocería Presidencial, a cargo de Adrián Ravier, había anunciado la ampliación de las denuncias promovidas por Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Esa comunicación no identificaba a las nuevas firmas ni precisaba cuándo se formalizaría la ampliación.
Las empresas alcanzadas por la primera denuncia
El antecedente fue anunciado por la Presidencia el 7 de septiembre. Esa presentación comprendió a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Según el comunicado oficial, la acusación involucra a compañías que presuntamente cuentan con licencias británicas para operar en la Cuenca Malvinas Norte y a sus accionistas. También alcanza a directivos y representantes que hubieran intervenido en las conductas denunciadas. Se trata de imputaciones promovidas por el Ejecutivo, cuya responsabilidad corresponde determinar a la Justicia.
Qué establece la legislación argentina
La Ley 26.659 regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina y exige la habilitación de las autoridades nacionales competentes. También contempla prohibiciones sobre determinadas participaciones empresarias y operaciones comerciales vinculadas con desarrollos no autorizados.
La norma prevé sanciones administrativas y penales. Además, su artículo 5 impide que los Estados nacional, provinciales y municipales contraten con las personas y empresas alcanzadas por las condiciones allí establecidas: una disposición de alcance federal, que comprende a La Rioja.
En una vía administrativa, la Presidencia había informado el 8 de septiembre el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 personas o entidades adicionales, que se sumaban a otras 45. Esa cifra corresponde a procedimientos administrativos y no debe confundirse con el número de compañías incluidas en la denuncia penal.
Las funciones previstas para la Base Naval Integrada
En otra comunicación, Vocería Presidencial detalló las funciones previstas para la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. El Gobierno la presentó como un punto logístico para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, la vigilancia de los recursos naturales y el apoyo a las operaciones en la Antártida.
Según el anuncio, el esquema de protección naval y aérea contará con un avión de patrulla marítima P-3 Orion y los nuevos F-16. La comunicación no precisó fechas de despliegue ni indicó que esas aeronaves vayan a tener asiento permanente en la base.
El proyecto también contempla muelles de uso comercial y civil. Vocería sostuvo que esa infraestructura permitirá ampliar la capacidad de amarre y reducir las demoras de los buques. Asimismo, vinculó la base con la protección de objetivos estratégicos del sur del país, entre los que mencionó Vaca Muerta.
Estas funciones fueron planteadas como objetivos de la futura infraestructura. El mensaje no detalló un cronograma de construcción. Como antecedente, el comunicado presidencial del 7 de septiembre informó una instrucción a Luis Caputo para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos en la elaboración del Presupuesto 2027.
En el nuevo comunicado, Cancillería reiteró su disposición a retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido. A la vez, advirtió que recurrirá a las instancias administrativas, diplomáticas y judiciales disponibles frente a actividades que considere contrarias a los derechos soberanos argentinos.
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