Foto: H. Cámara de Diputados de la Nación. El tablero muestra la media sanción del 12 de febrero de 2026: 149 votos afirmativos y 100 negativos. Fuente oficial, de libre utilización con cita de procedencia.
Desde este sábado 5 de septiembre rige en la Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. La reforma alcanza a quienes tenían entre 14 y 17 años al momento del hecho y establece un sistema específico para investigar y juzgar delitos atribuidos a adolescentes.
La Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026. Su artículo 52 fijó la entrada en vigencia a los 180 días de esa publicación. La norma reemplaza el régimen de la Ley 22.278 y sus modificatorias, vigente desde 1980.
El cambio central incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años. La ley contempla respuestas diferenciadas según el delito y las circunstancias de cada caso: desde medidas educativas, reparación del daño y servicios comunitarios hasta penas privativas de la libertad.
El régimen prohíbe la prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad. También exige asistencia de la defensa, protege la identidad de los adolescentes e impide alojarlos junto a personas adultas detenidas. La determinación de responsabilidad y la eventual sanción requieren intervención judicial.
La senadora nacional Patricia Bullrich celebró la entrada en vigencia con un mensaje en su cuenta de X: “Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás”. La exministra de Seguridad sostuvo que “se terminó la excusa de la edad para delinquir” y afirmó que la ley debe priorizar la protección de las víctimas.
La posición fue acompañada por el diputado nacional Lisandro Almirón, quien reivindicó su participación en la votación parlamentaria y aseguró que la reforma permitirá dejar “un país más seguro a las próximas generaciones”. También apeló a una de las consignas del oficialismo: “El que las hace las paga”.
Las declaraciones expresan la posición política de ambos legisladores. La edad sigue siendo un límite legal: el nuevo régimen comienza a los 14 años y no equipara automáticamente a los adolescentes con los adultos.
La iniciativa había obtenido 149 votos afirmativos y 100 negativos en Diputados el 12 de febrero, antes de recibir la sanción definitiva del Senado. Durante aquel debate, Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, planteó la necesidad de penas progresivas y diferenciadas de las de los adultos; Germán Martínez cuestionó la falta de políticas públicas, según la crónica oficial de la Cámara.
Con la ley en vigor, su aplicación exige estructuras judiciales, personal capacitado y dispositivos adecuados en las jurisdicciones. En Santa Fe, por ejemplo, el Ministerio Público de la Defensa dispuso nuevos lineamientos de actuación especializada. La capacidad de sostener esas garantías y medidas será uno de los puntos centrales de la implementación.
