En los tribunales riojanos los fraudes electrónicos ya superan a los delitos tradicionales contra la propiedad. Falsos abogados y ventas fraudulentas de rodados exponen los vacíos de control en las billeteras digitales de todo el país.

La digitalización financiera sumó un nuevo foco de vulnerabilidad en las provincias. En Chilecito, las causas por estafas y defraudaciones virtuales crecieron de manera exponencial hasta superar en volumen a los delitos contra la propiedad tradicionales, como hurtos y robos, encendiendo alarmas sobre el uso delictivo de billeteras virtuales a escala federal.

El juzgado de instrucción local investiga dos esquemas de captación y desvío de fondos. Por un lado, una mujer fue detenida tras fingir ser secretaria de un estudio jurídico capitalino y luego abogada, exigiendo sumas millonarias a una familia de Villa Unión para asumir la defensa técnica de un detenido en la Alcaidía Provincial. Por otra parte, tres personas resultaron apresadas acusadas de comercializar motovehículos inexistentes a través de redes sociales en localidades como Nonogasta y Vichigasta, acumulando un fraude estimado en 15 millones de pesos.

El circuito de las mulas digitales

El titular del juzgado, Jorge Jalil, advirtió sobre la consolidación de redes interjurisdiccionales operadas desde grandes centros urbanos como Córdoba, Buenos Aires o Tucumán: «Utilizan el mecanismo de ‘mulas electrónicas’, captando a personas en extrema vulnerabilidad para abrir billeteras virtuales a su nombre, recibir los pagos y transferir los montos a los verdaderos cabecillas».

Este esquema permite dispersar el dinero sustraído en segundos, dificultando el recupero patrimonial antes de que actúen los peritos informáticos y las fuerzas de seguridad locales.

Un vacío operativo de impacto federal

El incremento de estas maniobras en comunidades del interior expone las fallas de validación biométrica en las plataformas de pago y la lentitud para cruzar direcciones IP interprovinciales. Mientras las familias acuden a soluciones crediticias o contrataciones informales por la lejanía con las cabeceras judiciales, el cibercrimen capitaliza la falta de regulación bancaria estricta para vaciar ingresos en las regiones periféricas del país.