La capital riojana aplicó por decreto el bloqueo administrativo a las retenciones judiciales sobre salarios estatales. El intendente Armando Molina advirtió que las familias toman deuda informal para comprar alimentos y cargó contra la desregulación de la Ley de Bases.

La crisis de ingresos que golpea a los asalariados en todo el país sumó un capítulo de fuerte intervención estatal en el Noroeste Argentino. A través de un decreto alineado con la ley sancionada por la Legislatura provincial, el intendente de la capital riojana, Armando Molina, ratificó la suspensión total por 180 días de los embargos y retenciones sobre sueldos públicos vinculados a créditos con tasas usurarias.

La medida busca poner un dique de contención al colapso financiero de los hogares, donde las familias recurren a prestamistas informales y financieras paralelas al quedar fuera del circuito bancario tradicional. Molina advirtió que la morosidad trepó a niveles críticos: «La gente no toma estos préstamos para irse de vacaciones, sino para comprar remedios y comida. Llegaban descuentos salvajes donde por deudas iniciales mínimas se terminaban ejecutando viviendas o reteniendo el sueldo completo».

Intervención jurídica y mediación de deudas

El dispositivo municipal, que ya brindó asistencia letrada a más de medio centenar de casos críticos, no anula las obligaciones pero congela las ejecuciones hasta el 2 de febrero para forzar una refinanciación justa. El municipio evalúa un proyecto complementario para regular los topes de interés aplicables y evitar que los intermediarios financieros ahoguen el poder de compra de los empleados.

Molina vinculó esta dinámica crediticia destructiva con las reformas estructurales del Gobierno nacional: «Esto es consecuencia directa de la derogación masiva de normas financieras en la Ley de Bases, que desreguló el mercado y desprotegió a la sociedad».

Gestión urbana y cruce con la Nación

En el plano de los servicios, el jefe comunal remarcó que el municipio sostiene el bacheo, el alumbrado y la red de parques urbanos en un contexto de asfixia de recursos, provocado por la paralización de la obra pública federal y la retención de los fondos viales derivados del impuesto a los combustibles.

En ese marco, Molina cuestionó el rol de los legisladores libertarios alineados con Martín Menem: «Usurpan la representación riojana sin reclamar las partidas que le corresponden al pueblo para mejorar los salarios y la infraestructura». Con la mira puesta en el reordenamiento del justicialismo hacia 2027, el mandatario capitalino ratificó que la prioridad pasa por la contención territorial directa frente al ajuste macroeconómico.