La secretaria de Trabajo provincial, Miriam Espinosa, confirmó el quiebre de empresas históricas de confección y calzado por la caída de pedidos mayoristas. Advierten por la pérdida de 500 empleos formales en el comercio y un retroceso en el servicio doméstico.

El proceso de desregulación económica y apertura comercial aceleró el desmantelamiento fabril en el interior del país. En La Rioja, la Secretaría de Trabajo confirmó que entre 13 y 14 establecimientos industriales cerraron definitivamente sus puertas desde inicios de 2024, asestando un golpe estructural a la confección textil y el calzado tras el repliegue de los grandes centros de consumo nacionales.

La parálisis se precipitó cuando las principales cadenas de hipermercados del país recortaron hasta un 25% sus compras a proveedores locales para sustituirlas por artículos importados. La titular de la cartera laboral, Miriam Espinosa, advirtió que la caída arrastró a plantas emblemáticas con más de tres décadas de arraigo y quebró el circuito de empleo generado durante la última década.

Indemnizaciones licuadas y deterioro comercial

Pese a que más del 90% de las empresas saldó las indemnizaciones de ley en tiempo y forma, el impacto amortiguador fue efímero. La mayoría de los operarios despedidos registraba entre tres y cuatro años de antigüedad, por lo que las liquidaciones resultaron de bajo monto y fueron absorbidas de inmediato por pasivos familiares y endeudamiento cotidiano.

La contracción manufacturera derramó de inmediato sobre el sector mercantil. Los registros de la autoridad laboral provincial contabilizan al menos 500 desvinculaciones en el comercio, un segmento que agrupa a 5.900 empleados formales (16% de la masa asalariada registrada), ubicándose como el segundo polo de ocupación detrás de la industria fabril, que sostiene 7.462 puestos.

Efecto dominó sobre los servicios esenciales

La degradación de los ingresos quebró también el empleo en casas particulares. Según estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) a junio, la provincia cuenta con 1.815 trabajadoras registradas bajo 1.629 empleadores, marcando una baja neta de casi 200 familias que debieron prescindir del servicio por la merma en sus propios salarios.

La asimetría de costos frente a los mercados externos subsidiados expone la vulnerabilidad de las economías regionales frente al modelo macroeconómico central. Sin instrumentos de compensación territorial ni aranceles que resguarden la manufactura del norte, las provincias periféricas asisten a una pérdida irreversible de densidad productiva que debilita el consumo interno y eleva la demanda sobre los sistemas de contención estatal.