En la previa de una nueva movilización hacia el Ministerio y la Legislatura, el presidente de la Comisión de Educación, Luis Rojo, defendió la norma 10.902 pero reconoció que el Ejecutivo aún no la promulgó y podría modificarla. Negó el cierre de institutos, confirmó la creación de cargos de supervisores y se anotó para la intendencia de Lamadrid en 2027.

A horas de una nueva concentración de estudiantes y docentes frente al Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros, el oficialismo en la Cámara de Diputados abrió por primera vez la puerta a una marcha atrás en la aplicación de la controvertida Ley 10.902 de Nivel Superior. El presidente de la Comisión de Educación, Luis Rojo, reconoció que la normativa sancionada el 17 de septiembre aún no fue promulgada por la Casa de las Tejas y admitió que el gobernador Ricardo Quintela tiene sobre su escritorio la facultad de vetar o reformar artículos para descomprimir el frente de conflicto abierto con la comunidad educativa.

“La ley no está promulgada todavía, a nuestro poder no llegó el decreto. Cuando pasa al Ejecutivo nosotros no sabemos si puede haber cambios o vetos en algunos artículos hasta que no salga la promulgación. Es el proceso natural por el que pasa cualquier legislación”, deslizó Rojo en declaraciones a la prensa radial, dejando al descubierto los reparos que la norma despertó en el propio gabinete provincial tras las masivas asambleas en los profesorados de la Capital y el interior.

El legislador justicialista intentó despejar los temores que empujan a los claustros a la calle, desmintiendo que el texto busque desmantelar el sistema formador tradicional: “Queremos llevar absoluta tranquilidad: no hay cierre de institutos ni peligro con la validez nacional de los títulos, que están respaldados por la Ley Nacional de Educación. Tampoco se crea ninguna universidad provincial paralela, como erróneamente se interpretó”.

Documento de impugnación, supervisores zonales y más gasto público

Rojo confirmó que mantuvo dos reuniones en la Legislatura con delegados docentes y centros de estudiantes autoconvocados, quienes le hicieron entrega de un documento formal con más de 120 firmas detallando las objeciones pedagógicas y laborales a la normativa. Pese a las mesas de diálogo, los autoconvocados ratificaron la concentración para las 18:00 sobre la avenida Facundo Quiroga, marchando con el reclamo unánime de derogación o veto total.

El diputado defendió el espíritu del proyecto, argumentando que la provincia carecía de un marco regulatorio integral para el nivel superior desde 2022. Sin embargo, confirmó que su implementación implicará un aumento en las partidas presupuestarias al crearse una nueva estructura burocrática en el interior: “La ley establece la creación de cargos de supervisores por zona y por región en los 18 departamentos, un esquema que hoy solo existía en la Capital”.

El avance de esta estructura de supervisión técnica es justamente uno de los puntos más objetados por los formadores, que denuncian designaciones a discreción por parte de la patronal ministerial en desmedro de los concursos docentes y la histórica autonomía de establecimientos centenarios como la Escuela Normal Pedro Ignacio de Castro Barros y el Carolina Tobar García.

El salto hacia 2027: aspiraciones a la intendencia y el debate minero

En el terreno estrictamente partidario, Rojo analizó el armado electoral en el departamento General Lamadrid (Villa Castelli), donde conduce el PJ local y logró sellar una lista de unidad para la renovación de autoridades del próximo mes. Lejos de ocultar sus ambiciones para 2027, el legislador blanqueó que buscará dar el salto al Ejecutivo municipal.

“Vengo cumpliendo etapas: fui viceintendente, ahora me toca ser diputado provincial y en 2027 vamos a estar dentro de la conversación. Están las posibilidades de buscar la reelección en la banca, pero también tenemos grandes posibilidades de ir por la intendencia de mi departamento”, anticipó Rojo, sumándose a la larga lista de dirigentes departamentales que ya hacen números para el recambio comunal.

Hacia el final, el legislador vinculó la falta de oportunidades económicas en el interior con el respaldo al desarrollo minero en el Valle del Bermejo: “Lamadrid es el departamento con mayor cantidad de proyectos mineros en exploración de la provincia. Apoyamos la actividad con control ambiental y transparencia, porque en nuestros pueblos no hay empleo privado y la minería debe ser la palanca que genere trabajo genuino para nuestra gente”.

La confesión de Rojo sobre un eventual veto gubernamental expone la encrucijada del oficialismo riojano. Con la docencia y los estudiantes dispuestos a mantener la presión callejera, la suerte de la Ley 10.902 quedó atada a la lapicera de Quintela, quien deberá decidir si convalida una reforma resistida por las aulas o si cede al reclamo de las bases para evitar que el descontento educativo empañe el clima electoral de la provincia.