El recinto se prepara para aprobar el pliego del ex ministro de Seguridad y sancionar la nueva ley del área. La sesión no sería presidida por Teresita Madera por un viaje del gobernador, mientras arrecia el malestar en el bloque justicialista por el destrato del Ejecutivo y continúa el conflicto educativo.

La Cámara de Diputados de La Rioja se encamina a protagonizar este jueves una sesión de alto voltaje político e institucional. El parlamento provincial tiene previsto avanzar con la sanción de la nueva Ley de Seguridad y dar acuerdo al pliego que designará al ex ministro de Seguridad, Miguel Zárate, como nuevo Fiscal General de la Provincia, sellando uno de los movimientos de repliegue judicial más comentados de la administración de Ricardo Quintela.

La jornada legislativa contará con una particularidad institucional de peso: el debate no sería presidido por la vicegobernadora Teresita Madera. Debido a que el gobernador Ricardo Quintela tiene agendado un viaje fuera de la provincia —vinculado a sus movimientos en el armado nacional del peronismo—, la titular de la Función Legislativa quedaría formalmente a cargo del Poder Ejecutivo en la Casa de las Tejas, dejando la conducción del recinto en manos de las autoridades de cámara.

El repliegue de Zárate hacia un cargo vitalicio en los tribunales

La consagración de Zárate en la cúspide del Ministerio Público Fiscal representa el tramo final de una maniobra diseñada desde la residencia oficial para blindar al oficialismo ante futuras auditorías penales. El funcionario, quien dejó la cartera de Seguridad tras una gestión atravesada por reclamos carcelarios y salariales, pasará a ocupar un sillón vitalicio desde el cual se conduce y coordina la totalidad de la acción penal pública en los tribunales ordinarios.

En los corrillos tribunalicios locales señalan que la designación de Zárate aporta una garantía de contención judicial para la dirigencia saliente, asegurando el control sobre los fiscales de instrucción en momentos donde las denuncias sobre manejos presupuestarios y contrataciones de empresas estatales comienzan a sobrevolar los despachos oficiales.

El acuerdo legislativo para Zárate se suma al paquete de vacantes judiciales que el oficialismo busca completar en el corto plazo, donde también se perfila la eventual promoción de figuras del gabinete hacia el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Diputados ignorados: el malestar que corroe al bloque justicialista

Pese a que el oficialismo cuenta con el número reglamentario para imponer su criterio en la votación, el clima interno en la bancada del Partido Justicialista dista de ser armónico. Diversos legisladores provinciales admiten en estricta reserva su profundo malestar por el destrato sistemático que reciben desde la Casa de Gobierno, quejándose de ser tratados como un mero apéndice administrativo para levantar la mano sin conocimiento previo.

«Nos enteramos de las leyes y de las designaciones judiciales cuando los proyectos ya están cocinados o ingresan sobre la hora; las decisiones estratégicas las toma un círculo familiar reducido y nosotros tenemos que poner la cara en el recinto sin haber tenido la menor participación en el debate», confiaron a este portal diputados del propio bloque oficialista.

El enojo parlamentario refleja el desgaste de la disciplina interna en momentos donde la dirigencia del interior profundiza sus reparos hacia el centralismo capitalino y cuestiona la falta de respuestas financieras para los departamentos.

Nueva ley de seguridad y el foco educativo sin apagar

En paralelo a la designación del nuevo jefe de los fiscales, el orden del día prevé el tratamiento de la nueva Ley de Seguridad provincial, una iniciativa que reestructura las competencias policiales y los protocolos de intervención en el territorio, mientras persisten las quejas por las condiciones de alojamiento penitenciario y la falta de insumos operativos en las comisarías del interior.

Toda esta agenda parlamentaria se desarrollará bajo la sombra del conflicto desatado por la Ley de Educación Superior (Ley 10.902). A pesar de haber sido promulgada por el Ejecutivo, la normativa continúa bajo un encendido rechazo en los profesorados y en los institutos de formación docente como el Albino Sánchez Barros, donde las asambleas estudiantiles y docentes mantienen el estado de alerta contra el límite de cuatro cohortes para las carreras terciarias.

La sesión de este jueves dejará al descubierto las fisuras de un oficialismo que apura sus salvoconductos judiciales en los tribunales mientras su propia tropa legislativa mastica reproches. Con el gobernador concentrado en las negociaciones de Buenos Aires y los diputados incómodos por el ninguneo de la mesa chica, la Legislatura riojana funcionará como la caja de resonancia de un fin de ciclo cargado de incertidumbre.