La subsecretaria de Servicios Públicos, Agostina Stivala, confirmó que hay decenas de expedientes en curso y anticipó que en los próximos días podrían concretarse las primeras subastas judiciales. El Palacio Ramírez de Velasco computará el uso de maquinaria pesada, personal y combustible en las ejecuciones fiscales.

La administración municipal de la capital provincial resolvió llevar al extremo la fiscalización sobre el estado de los inmuebles urbanos y poner un freno definitivo a la proliferación de basurales a cielo abierto en terrenos privados. La subsecretaria de Servicios Públicos, Agostina Stivala, titular del área de Coordinación Inmobiliaria, confirmó que un importante número de lotes baldíos se encuentran con procesos de infracción avanzados y que, ante el incumplimiento reiterado de las intimaciones de cierre y desmalezado, quedarán sujetos a remate judicial para resarcir las deudas acumuladas con el erario comunal.

La medida se inscribe dentro del programa de ordenamiento urbano y saneamiento ambiental que comanda el intendente Armando Molina, orientado a erradicar focos infecciosos en medio de las alertas por el dengue. Según la normativa vigente, la comuna otorga un único plazo perentorio de notificación para que los propietarios acondicionen sus parcelas; vencido ese término sin respuesta, el municipio procede a la limpieza de oficio e inicia el cómputo de las sanciones económicas correspondientes.

La advertencia oficial introduce un cambio de paradigma en la política de recaudación y control de faltas en la ciudad. Al incorporar el costo operativo de las cuadrillas y las horas de trabajo de la maquinaria pesada dentro de las demandas judiciales, las deudas de los infractores trepan a sumas que tornan inviable su cancelación ordinaria, abriendo la puerta a la ejecución patrimonial forzosa de los inmuebles.

El costo de limpiar terrenos ajenos y la acumulación de multas

Stivala remarcó que el despliegue del personal de Servicios Operativos para desmalezar y retirar escombros de propiedades privadas genera una erogación presupuestaria desmedida que la comuna no está dispuesta a absorber. La afectación diaria de palas mecánicas, camiones volcadores, combustible y operarios demanda sumas millonarias que hoy son cargadas directamente en las cuentas de los titulares de dominio.

Cada intervención municipal da lugar a informes pormenorizados que son elevados de manera inmediata a la Justicia de Faltas. Allí, los jueces municipales homologan los gastos operativos junto a las multas por desobediencia a las ordenanzas de higiene, consolidando un crédito fiscal que los propietarios deben regularizar para evitar la vía ejecutiva.

En los despachos municipales subrayaron que la reiteración de sanciones responde a una actitud desaprensiva de propietarios que especulan con la plusvalía de la tierra mientras convierten las manzanas barriales en focos de inseguridad y vectores de plagas. Frente a ese escenario, la intendencia decidió avanzar sin contemplaciones contra quienes desoigan las notificaciones.

El circuito legal: del Juzgado de Faltas al juicio de apremio

El procedimiento administrativo hacia la subasta pública se encuentra estrictamente reglado para garantizar el derecho de defensa del contribuyente antes de la sentencia de remate. La funcionaria comunal explicó que, una vez sustanciada la causa en el Juzgado de Faltas y verificada la falta de pago voluntario de la deuda liquidada, el expediente pasa a la Fiscalía Municipal para promover la demanda judicial de apremio ante los juzgados ordinarios.

En los tribunales civiles y comerciales, la comuna solicita la traba de embargos preventivos sobre la matrícula catastral del inmueble. Cumplidas las etapas procesales y dictada la sentencia de trance y remate, el juez de la causa designa martillero público y fija fecha para la subasta al mejor postor, destinando el producido del remate a cancelar los costos del operativo de limpieza, las tasas adeudadas y los honorarios judiciales.

Respecto de la situación dominial posterior a la compraventa forzada, las autoridades aclararon que el saneamiento de títulos y la entrega de la posesión quedan bajo estricta órbita del magistrado interviniente. De esta manera, el adquirente en subasta accede a un bien liberado de las deudas municipales que originaron la ejecución fiscal.

La ofensiva de Armando Molina contra los focos de insalubridad

La decisión de acelerar los remates judiciales coincide con otras acciones de control que el municipio viene desplegando en la vía pública, como el retiro compulsivo de vehículos abandonados y la clausura de conexiones clandestinas de saneamiento. La gestión municipal busca sentar un precedente disuasorio que obligue a los dueños de terrenos ociosos a cercar y limpiar sus propiedades antes de que intervengan las cuadrillas públicas.

En el Palacio Ramírez de Velasco aseguran que la proliferación de microbasurales no puede tolerarse en un contexto sanitario donde la prevención de enfermedades endémicas exige una ciudad desmalezada y con cordones cuneta despejados. La comuna capitalina redobló la presencia de inspectores en las cuatro zonas del ejido para detectar predios abiertos y aplicar las ordenanzas con rigor.

El aviso formulado por Agostina Stivala anticipa una seguidilla de notificaciones que pondrá a prueba la capacidad de respuesta de los propietarios capitalinos. Con las primeras demandas de apremio a punto de ingresar en los tribunales, el peronismo municipal busca enviar un mensaje contundente: el costo del descuido privado ya no será solventado con los recursos de todos los riojanos.