Los equipos jurídicos libertarios redactan una propuesta para intervenir por un año la Función Judicial provincial invocando los artículos 5 y 6 de la Constitución Nacional. El diputado Diego Molina Gómez denunció la colonización partidaria del nuevo sistema acusatorio y fundamentó la medida en precedentes históricos de Catamarca y Corrientes.

La designación del ministro Miguel Ángel Zárate al frente del Ministerio Público Fiscal desató una ofensiva institucional de alcance inédito en La Rioja. Tras votar en soledad contra el pliego en el recinto legislativo, el diputado provincial por La Libertad Avanza, Diego Molina Gómez, reveló que los cuadros técnicos y jurídicos del espacio violeta trabajan en los fundamentos de un proyecto de intervención federal circunscripto exclusivamente al Poder Judicial de la provincia por el plazo de un año.

La iniciativa busca que el Estado nacional restablezca la división de poderes en el distrito, ante lo que consideran un copamiento hegemónico de los tribunales por parte del gobernador Ricardo Quintela. «Nuestros equipos ya están trabajando en los fundamentos jurídicos de una propuesta de intervención federal limitada a la Función Judicial de La Rioja por un año, que impulsaremos apenas asumamos la conducción de la provincia, con el objetivo de restablecer la independencia judicial, garantizar el funcionamiento republicano de las instituciones y poner fin a la colonización política de la Justicia», confirmó el legislador.

El andamiaje constitucional y los precedentes históricos

La estrategia libertaria se apoya en los artículos 5 y 6 de la Constitución Nacional, que establecen la garantía federal para asegurar la administración de justicia cuando las instituciones locales comprometen gravemente el sistema republicano. Asimismo, Molina Gómez recordó que el artículo 99, inciso 20, faculta al Presidente de la Nación a decretar la intervención durante el receso legislativo del Congreso, debiendo convocarlo en forma simultánea para su convalidación parlamentaria.

Para respaldar la viabilidad del mecanismo, el diputado citó antecedentes concretos donde la Nación intervino únicamente los tribunales provinciales para desarticular redes de encubrimiento político: «Existen antecedentes de intervenciones federales circunscriptas al Poder Judicial provincial, como ocurrió en Catamarca mediante la Ley 19.944 y en Corrientes a través del Decreto 1447/1992, frente a situaciones de grave deterioro institucional».

A ello sumó un detalle procesal no menor: la propia Constitución de La Rioja, en su artículo 5, contempla expresamente la posibilidad de una intervención federal limitada a la Función Judicial, normando con claridad las facultades y atribuciones que corresponden al interventor designado por el poder central.

El control del sistema acusatorio y el rol del Fiscal General

El fundamento fáctico para avanzar con la intervención radica en el salto cualitativo que experimenta la Justicia penal con la implementación del sistema procesal acusatorio. Bajo este esquema, la conducción del Ministerio Público Fiscal asume un poder determinante, quitándole la instrucción a los jueces para concentrar en los fiscales la formulación de imputaciones, la recolección de pruebas y la elevación a juicio.

«Estamos hablando de quien tendrá bajo su conducción a los fiscales de toda la provincia, con facultades determinantes sobre la organización y dirección de las investigaciones penales, incluida la asignación y reasignación de fiscales a las distintas causas, los criterios de archivo y la prescripción», advirtió Molina Gómez. Según el planteo opositor, poner ese engranaje en manos del actual ministro del Ejecutivo persigue como fin asegurar la protección de los funcionarios ante denuncias de corrupción administrativa.

Cuestionamiento técnico a Zárate y horizonte 2027

La impugnación libertaria al pliego de Zárate se sustentó además en la falta de antecedentes curriculares y funcionales para el cargo. El bloque violeta solicitó informes para constatar su trayectoria dentro de la carrera judicial, sus intervenciones en causas penales complejas o estudios de posgrado en la materia, arrojando resultados negativos en todos los requerimientos formales.

Molina Gómez remarcó que su postura en el recinto, que previamente le valió la apertura de una cuestión de privilegio por parte de la bancada del PJ, no dará marcha atrás: «Cuando se compromete gravemente la independencia judicial y los mecanismos institucionales ordinarios resultan insuficientes para restablecerla, la Constitución contempla la intervención federal como garantía».

Con la advertencia lanzada sobre la Función Judicial, La Libertad Avanza instaló en la agenda nacional la situación institucional riojana. Para los armadores alineados con la Casa Rosada, la propuesta de intervención federal marca el inicio de una ofensiva de largo alcance orientada a disputar la hegemonía del poder político en la provincia rumbo al recambio institucional de 2027.