La iniciativa, aprobada por la Legislatura provincial, veta los dispositivos en jardines y primarias, mientras que en la secundaria solo podrán encenderse con fines pedagógicos. El distrito se suma a una tendencia federal que ya adoptaron la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias.

La discusión sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje escolar y la salud mental infantil sumó un nuevo capítulo en el plano federal. La Cámara de Diputados de La Rioja sancionó un proyecto de ley que limita de manera estricta la utilización de teléfonos celulares dentro de los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia. La normativa establece un veto total en los niveles inicial y primario —salvo actividades pedagógicas excepcionales— y condiciona su uso en el nivel secundario exclusivamente al requerimiento expreso del docente.

Con esta decisión, la provincia ingresa en el lote de jurisdicciones del país que avanzaron con marcos regulatorios para contrarrestar la dispersión en las aulas, la dependencia digital y problemáticas asociadas como el ciberacoso y las apuestas online.

Alcances de la norma: bloqueo en los primeros años y pautas para el secundario

El esquema aprobado dispone una diferenciación por etapas de aprendizaje. En los jardines de infantes y en la escuela primaria, los alumnos no podrán utilizar teléfonos en las aulas ni en los espacios comunes como patios y pasillos. En caso de que un contenido requiera el soporte digital, este deberá responder a una planificación institucional previa del maestro a cargo.

Para el nivel secundario, la regla general prohíbe mantener los equipos encendidos durante el dictado de clases, a menos que medie una indicación académica puntual del profesor. Fuera del horario de clase, los estudiantes podrán portar sus dispositivos en zonas comunes, aunque los colegios deberán garantizar «espacios libres de pantallas» —tales como bibliotecas o talleres culturales— para promover la interacción social, la lectura y actividades artísticas.

El ministro de Educación provincial, Ariel Martínez, remarcó que la medida se construyó tras consultas con la comunidad educativa: «No se trata de una definición antojadiza, sino de una necesidad respaldada en el trabajo territorial. No planteamos una prohibición absoluta por el simple hecho de vetar, sino una regulación necesaria para que las estrategias pedagógicas se desarrollen sin dispersión y se recuperen los vínculos de la palabra y el diálogo dentro y fuera del aula».

El titular de la cartera educativa sostuvo que el diagnóstico oficial detectó no solo caídas en los niveles de concentración y dependencia en edades tempranas, sino también situaciones de violencia digital, acoso escolar y grooming que demandaban una intervención institucional. «Buscamos la corresponsabilidad de las familias; la escuela no puede quedar sola frente a un fenómeno que trasciende sus muros», agregó el funcionario, quien confirmó que la aplicación formal comenzará apenas se promulgue y reglamente la norma.

Antecedentes en el país y el debate internacional

La medida adoptada en territorio riojano coincide con un debate que cruza a los sistemas educativos a nivel global. Distritos de la región y países de Europa —como Francia, Italia, los Países Bajos y recientemente comunidades de España— implementaron restricciones progresivas ante informes pedagógicos que advierten sobre el retroceso en la comprensión lectora y la falta de socialización generada por la hiperconectividad.

En la Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijó en agosto de 2024 un esquema similar que prohibió los celulares en inicial y primaria y restringió su presencia en las secundarias porteñas a instancias didácticas pautadas. En la misma dirección avanzaron iniciativas y protocolos en provincias como Mendoza, Santa Fe y Neuquén, donde distintas resoluciones ministeriales facultaron a los directivos a establecer reglas de desconexión en las instituciones.

A contramano de la etapa en la que se promovía el ingreso irrestricto de dispositivos bajo el concepto pedagógico de «traé tu propio dispositivo» (BYOD, por sus siglas en inglés), el consenso ministerial actual apunta a desarmar la atención fragmentada de los alumnos y poner coto a la penetración de las plataformas de apuestas ilegales entre adolescentes.

Tensión con la Nación por infraestructura escolar

El anuncio de la nueva normativa se da en un contexto de marcada tensión entre la administración provincial y el Gobierno nacional por el financiamiento del área educativa. Desde la cartera educativa riojana señalaron las dificultades que atraviesa el sistema local ante el freno total de las transferencias nacionales para infraestructura y la paralización de las obras de nuevos establecimientos escolares.

Pese a ese escenario de restricciones presupuestarias y a la disolución del esquema de articulación federal tradicional que sostenía el extinto Ministerio de Educación nacional, desde la conducción educativa provincial señalaron que el ciclo lectivo culminará en la segunda semana de diciembre con el cumplimiento de las metas del calendario escolar, a la espera de que la regulación sobre las pantallas comience a desplegarse formalmente en las escuelas riojanas a partir del período 2027.