El secretario general del gremio estatal riojano, Alfredo Arana, advirtió que el nuevo régimen para la administración centralizada busca alcanzar las 100.000 bajas civiles a nivel nacional. Denunció que la normativa solo reconoce los años en planta permanente, fija un tope de $20 millones en cuotas y califica el esquema como un «despido extorsivo» que castiga la salud mental de los trabajadores.

La puesta en marcha del nuevo régimen de retiros voluntarios dispuesto por el Gobierno nacional para los ministerios y secretarías centrales abrió un frente de alerta sindical en las delegaciones federales de La Rioja. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió al cruce de la medida, desaconsejando la adhesión de los empleados públicos al advertir que la reglamentación esconde severas penalidades económicas y un bloqueo prolongado para reinsertarse en el mercado laboral formal.

El secretario general de ATE La Rioja, Alfredo Arana, precisó que la iniciativa persigue un achique drástico sobre el aparato civil del Estado. «La gestión libertaria ya acumula más de 77.000 bajas entre despidos, ceses de contrato y jubilaciones anticipadas. Con este nuevo llamado, que prevé entre 20.000 y 22.000 desvinculaciones adicionales a partir de noviembre, se llegará a los 100.000 puestos eliminados en todo el país», puntualizó el dirigente en declaraciones radiales.

Dos tercios de la planta civil eliminada en dos años

Arana contextualizó el impacto de la poda de personal al discriminar la composición real de la plantilla federal. Recordó que de los 300.000 agentes registrados al inicio del mandato del presidente Javier Milei, casi la mitad corresponde a las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y organismos de inteligencia, sectores que no sufrieron recortes y vieron reforzados sus presupuestos operativos.

«El ajuste se concentra exclusivamente sobre los 150.000 trabajadores civiles de la administración pública. Si se concretan estas 100.000 bajas, habrán desmantelado a dos tercios de los empleados que garantizaban políticas públicas en salud, desarrollo social, agricultura y ciencia», remarcó el titular del sindicato.

Mientras los entes descentralizados como ANSES, PAMI, INTA, INTI y Vialidad Nacional ejecutaron sus propios esquemas de desvinculación a lo largo del año, la nueva etapa alcanza de lleno a lo que eran los ministerios históricos, hoy degradados a secretarías bajo la órbita de Jefatura de Gabinete y carteras como Capital Humano, Economía y Justicia.

La trampa de la antigüedad y los topes indemnizatorios

Uno de los puntos más lesivos advertidos por ATE radica en la fórmula de liquidación del retiro. El decreto establece que el cómputo indemnizatorio se calculará de manera estricta sobre los años revistados en planta permanente, desconociendo los períodos previos bajo figuras precarias.

«Muchos compañeros creen erróneamente que les van a liquidar 15 o 20 años de servicio, pero la mayor parte de ese tiempo trabajaron bajo contratos de locación o ley marco. Cuando firman el retiro, se encuentran con la ingrata sorpresa de que el Estado solo les reconoce tres o cuatro años de planta efectiva, cobrando una cifra irrisoria que no alcanza para ningún proyecto familiar», advirtió Arana.

A ello se suman los límites financieros impuestos por el Ministerio de Desregulación: el pago en una sola cuota tiene un tope máximo de 20 millones de pesos, obligando a percibir en cuotas devaluadas cualquier excedente. Asimismo, la normativa impone un techo de 20 sueldos incluso para aquellos agentes con más de 30 años de aportes efectivos.

Un cepo laboral de 8 años en plena adultez

El dirigente gremial enfatizó las consecuencias de la cláusula de inhabilitación que rige para quienes acepten la indemnización. La normativa extendió de 5 a 8 años la prohibición absoluta para volver a ser contratado o designado en cualquier organismo del Estado nacional.

«El decreto abarca a franjas etarias de menos de 57 años en mujeres y 62 en varones. Un trabajador de 45 o 50 años que acepta el dinero ve esfumarse ese monto en pocos meses por el costo de vida y la inflación. Al cabo de dos años se queda sin recursos y con 55 años no consigue empleo en el sector privado ni puede retornar al público por el cepo de 8 años. Es condenar a la marginación a personas en plena etapa productiva», argumentó.

Arana fustigó además la precarización histórica que sostuvieron las sucesivas administraciones al mantener a empleados durante dos décadas bajo contratos transitorios, violando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los convenios de la OIT sobre estabilidad laboral en el empleo público.

Desgaste psicológico y un esquema de despido extorsivo

Para la conducción sindical, el retiro voluntario constituye en los hechos una desvinculación forzada amparada en la hostilidad institucional cotidiana.

«Es un despido encubierto y extorsivo. A los trabajadores les imponen cupos de recorte bajo amenaza de cerrar delegaciones enteras, les quitan funciones, les reducen gastos operativos y los ningunean en los pasillos. Hay compañeros con licencias por salud mental debido al hostigamiento permanente», denunció Arana.

El gremio confirmó que mantendrá asesoramiento legal gratuito en su sede gremial de calle Alberdi para revisar la situación de revista de cada agente antes de cualquier firma, instando a los estatales nacionales de La Rioja a no convalidar un instrumento que formaliza el desguace definitivo de las delegaciones federales en el interior.