La vocal del Tribunal Superior de Justicia y presidenta del Consejo de la Magistratura confirmó el inicio de acciones legales con peritajes informáticos para identificar a los autores e instigadores detrás de las cuentas anónimas que difaman en redes sociales. En paralelo, aseguró que las dos vacantes en la máxima corte siguen “latentes”, anunció la transmisión en vivo por YouTube de los exámenes para designar al primer Juez Electoral de la provincia y alertó que los casos de violencia familiar se disparan entre el 20 y el 30 de cada mes por el ahogo económico.

Hartazgo frente a las operaciones clandestinas y decisión de sentar un precedente judicial en la provincia. La vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y presidenta del Consejo de la Magistratura, Karina Becerra, decidió pasar a la ofensiva en los tribunales contra el submundo de las cuentas falsas, los portales fantasma y los operadores digitales que utilizan el anonimato en las redes sociales para montar campañas de difamación y hostigamiento personal.

Lejos de dejar pasar los agravios como parte del folclore político en la antesala del año electoral, la magistrada confirmó que ya impulsó presentaciones judiciales acompañadas de pedidos de peritajes técnicos e informáticos. El objetivo es rastrear las direcciones IP y los dispositivos desde donde operan los perfiles apócrifos para descubrir no solo a los ejecutores materiales de las publicaciones, sino también a los instigadores y financistas que pagan esas estructuras desde las sombras.

El fin de la impunidad anónima en las redes

Para describir la metodología de quienes se esconden detrás de un seudónimo o una foto robada para injuriar sin dar la cara, Becerra apeló a una gráfica metáfora de la tradición criolla: aseguró que atacar desde una cuenta anónima equivale a llevar “un puñal bajo el poncho” para asestar el golpe a traición y escapar de las consecuencias legales.

“La libertad de expresión es un derecho constitucional sagrado, pero de ninguna manera ampara el delito, la calumnia ni la cobardía del anonimato”, advirtió la integrante del máximo tribunal riojano. Con la trazabilidad informática de las conexiones en marcha, la ofensiva busca desarticular la creencia extendida en el microclima político local de que las redes sociales son una zona liberada donde cualquier operación sucia queda impune.

Concursos en vivo por YouTube y las dos sillas “latentes” en el TSJ

Mientras avanza la vía judicial contra las granjas de trolls, Becerra encabeza una reforma clave en los mecanismos de selección de magistrados para despejar cualquier sospecha de acuerdos de cúpula o favoritismos políticos. Como titular del Consejo de la Magistratura, anunció que las instancias de exámenes orales de los postulantes serán transmitidas en directo a través del canal oficial de YouTube, permitiendo que toda la ciudadanía y el foro de abogados auditen en tiempo real el nivel técnico de los futuros jueces.

El cronograma en ejecución incluye pliegos determinantes para la arquitectura institucional de 2027. El plato fuerte es el concurso para designar al primer Juez Electoral específico de la historia de La Rioja, un cargo neurálgico ante un calendario comicial donde podrían convivir dos sistemas de votación distintos. A esa vacante se suman un Juzgado de Familia en la Capital y el juzgado multifuero de Villa Unión, en el departamento Coronel Felipe Varela, en sintonía con una política de apertura comunitaria que recientemente incluyó la charla abierta del periodista especializado en policiales Paulo Kablan.

Consultada sobre el futuro de las dos vocalías que permanecen vacías en el Tribunal Superior de Justicia —una disputa silenciosa dentro del oficialismo tras el congelamiento del pliego del exjefe de Gabinete Juan Luna Corzo—, Becerra precisó que ambas vacantes siguen “latentes” y que su cobertura dependerá de los tiempos e impulsos políticos que defina la Cámara de Diputados.

El calendario del bolsillo roto: violencia familiar después del día 20

En el plano estrictamente jurisdiccional, la magistrada encendió una luz de alarma al revelar un dato estadístico que cruza el deterioro salarial con la conflictividad puertas adentro de los hogares riojanos. Según los registros de los juzgados de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, las denuncias por agresiones físicas y psicológicas muestran un pico sistemático en la última decena de cada mes.

El relevamiento judicial confirma que los episodios más graves de violencia intrafamiliar estallan entre los días 20 y 30. Esa franja coincide exactamente con el momento del mes en que los sueldos de la administración pública y del sector privado se agotan, las tarjetas de crédito rebotan por falta de cupo —en una provincia que lidera la mora bancaria nacional con el 21%— y la desesperación por cubrir la canasta básica detona crisis de convivencia y salud mental que terminan en las comisarías y en los estrados penales.