La presidenta del Consejo de la Magistratura y vocal del máximo tribunal riojano anticipó que llevará al gigante tecnológico a los estrados federales tras rastrear los IP de perfiles falsos locales. Propuso transmitir en vivo las entrevistas personales para cubrir vacantes clave y reconoció que la ampliación de la Corte provincial quedó congelada por falta de acuerdos políticos.

La titular del Consejo de la Magistratura y jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Karina Becerra, sacudió el escenario judicial con definiciones contundentes sobre la transparencia en los concursos de magistrados, los ataques anónimos en redes sociales y la parálisis en la designación de las vocalías vacantes de la Corte provincial. En declaraciones radiales, la magistrada confirmó que recurrirá a los tribunales federales contra la empresa Meta —matriz de Facebook e Instagram— y defendió la televisación abierta de las evaluaciones a los aspirantes a jueces.

Becerra abordó el malestar que generó en algunos sectores de la abogada la transmisión en tiempo real de los exámenes orales a través de plataformas digitales, una experiencia inédita en el distrito que superó las 2.000 visualizaciones. Frente a las críticas por el estrés de los postulantes, remarcó que quien aspire a sentarse en un estrado debe asumir la exposición pública y la obligación de fundar sus decisiones a la vista de la sociedad.

Rastreo de IP y la demanda federal contra el gigante de Zuckerberg

El tramo más personal de su intervención se centró en la ofensiva judicial que inició meses atrás contra cuentas apócrifas que la atacaron en el ecosistema digital. Becerra reveló que impulsó una causa penal en la justicia provincial para determinar las direcciones IP de los dispositivos desde donde operaban perfiles falsos dedicados al agravio sistemático.

«No tengo ningún problema en enfrentar a nadie cara a cara, pero me molesta la cobardía del puñal bajo el poncho. No persigo a nadie, pero me voy a defender con las herramientas de la ley, incluso frente a las diferencias que he tenido con sectores de mi propia familia», advirtió.

La vocal del TSJ confirmó que el paso procesal inmediato será una demanda en el fuero federal contra Meta para exigirle responsabilidad por habilitar canales anónimos de difamación sin control de identidad, trazando una comparación técnica con las presentaciones jurisprudenciales que Cristina Fernández de Kirchner promovió en su momento contra Google por publicaciones lesivas.

Exámenes en vivo y el plan para televisar la entrevista personal

En el ámbito del Consejo de la Magistratura, Becerra adelantó que propondrá en la comisión evaluadora que la etapa de entrevistas personales también sea de acceso público y transmitida en directo. El proceso de selección otorga hasta 40 puntos por antecedentes y prueba de oposición escrita, 10 por el examen oral y 34 puntos por la entrevista individual, además de un test psicológico orientado a medir habilidades blandas y prevención de violencia laboral.

La iniciativa busca despejar las sospechas históricas sobre la discrecionalidad política en la etapa final de selección. «Queremos sacar ese misterio bajo el sol; que se vea que el que sabe aprueba y el que no sabe queda afuera, evitando que se diga que un juez llega por ser amigo de alguien», argumentó la funcionaria.

A su vez, ratificó que el reglamento vigente se mantiene inalterable desde 2008, con la sola adecuación del capítulo de validación periódica derivado de la reforma constitucional de 2024, que fijó un límite de 10 años para el ejercicio de las magistraturas en la provincia.

Juzgado electoral propio y alivio judicial en Villa Unión

El paquete de concursos en marcha abarca vacantes neurálgicas en los tribunales capitalinos, como el Juzgado de Instrucción que conducía la jueza Córdoba, la Cámara Tercera en lo Criminal y el Juzgado de Familia Nº 4. Sin embargo, la novedad institucional más relevante es la cobertura por primera vez del flamante Juzgado Electoral Provincial, creado a partir de la nueva carta magna local para fiscalizar los comicios provinciales y departamentales.

En paralelo, se avanza en la cobertura de cargos para la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en Villa Unión, donde se designará un juez multifuero y un defensor oficial. La medida busca descentralizar el servicio de justicia en el Valle del Bermejo, evitando que los vecinos deban recorrer más de 200 kilómetros hasta Chilecito para tramitar causas civiles, comerciales o de familia.

Una vez concluidas las ternas vinculantes, los pliegos serán girados a la Cámara de Diputados, cuerpo que mantiene la atribución constitucional de designar o desestimar a los postulantes, respetando un orden de mérito que en los últimos seis años no sufrió modificaciones arbitrarias en el recinto.

Las vacantes congeladas en el Tribunal Superior de Justicia

Consultada sobre la cobertura de los cargos vacantes en el Tribunal Superior de Justicia —cuyo cuerpo debe completarse hasta alcanzar los siete miembros previstos en la reforma de la Constitución—, Becerra enfrió las expectativas de un desenlace inminente. Reconoció que las conversaciones iniciales que se abrieron al arrancar el año político quedaron estancadas y sin avances concretos.

La magistrada explicó que la normativa no establece plazos perentorios para integrar la totalidad de las vocalías y recordó que el máximo tribunal funcionó durante años con una dotación reducida de tres integrantes.

En ese sentido, Becerra deslindó responsabilidades institucionales y dejó la definición en manos de los tiempos del gobernador Ricardo Quintela y los consensos parlamentarios de la Legislatura: «Es una atribución exclusiva del poder político; se integrará en algún momento de este año o quedará para el próximo gobernador».