El máximo tribunal tramita bajo el expediente CSJ 1847/2024 la demanda originaria promovida por CAMMESA para anular el decreto que frenó aumentos de luz en La Rioja. Tras circular por las áreas de jurisprudencia y confrontación, la Secretaría de Juicios Originarios tiene el expediente listo para resolver.
El conflicto judicial por la energía eléctrica entre la Casa Rosada y la administración de Ricardo Quintela ingresó en su etapa decisiva en los tribunales federales. Según los registros oficiales del Sistema de Consultas Web del Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación radicó la demanda bajo el expediente CSJ 001847/2024-00, caratulado «Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) c/ La Rioja, Provincia de s/ Acción declarativa (Art. 322 Cód. Procesal)». La causa se encuentra formalmente «en despacho» en la Secretaría de Juicios Originarios tras completar los pases técnicos por los sectores de Coherencia y Confrontaciones, lo que anticipa una definición inminente sobre la medida cautelar que exige frenar el Decreto Provincial N° 370/2024 y la Resolución N° 133/2024 del Ministerio de Agua y Energía.
La presentación judicial, patrocinada por los constitucionalistas Alberto Bianchi y Héctor Pozo Gowland a lo largo de 43 carillas, impugna el congelamiento tarifario dispuesto por la Provincia y reclama la inconstitucionalidad de los actos locales que desengancharon a La Rioja del cuadro tarifario federal. El reclamo mayorista expone una deuda vencida e impaga acumulada por la distribuidora estatal EDELAR S.A. que trepa a $8.183.406.774,76, advirtiendo sobre el daño que provoca la retención de fondos indispensables para cancelar las acreencias de los generadores y transportistas en todo el territorio nacional.
Expediente CSJ 1847/2024: el caso ingresó «en despacho» de la Corte
El movimiento procesal registrado en las últimas horas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales encendió las alertas en la Fiscalía de Estado riojana. Entre el 20 y el 22 de octubre, las actuaciones circularon por la Secretaría de Jurisprudencia —Sector Coherencia— y la oficina de Confrontaciones y Copias, hasta quedar radicadas en la Secretaría de Juicios Originarios bajo la condición de despacho inmediato.
El estado del expediente indica que los ministros de la Corte tienen a la firma la admisibilidad formal de su competencia originaria bajo los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y la procedencia de la medida cautelar solicitada por la mayorista eléctrica.
CAMMESA exigió suspender de inmediato la normativa provincial y ordenar que EDELAR aplique los precios estacionales aprobados por la Secretaría de Energía de la Nación (Resolución SE N° 7/2024 y complementarias), advirtiendo que la actitud de la Provincia afecta el comercio interjurisdiccional y lesiona la cadena de pagos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
La deuda de $8.183 millones y el pago mínimo del 14% en EDELAR
El detalle documental incorporado en el anexo de deuda acredita el progresivo corte de pagos ejecutado por la distribuidora estatal riojana a partir de la firma del decreto provincial en febrero de 2024. Tras dejar de abonar el 100% de la factura al vencimiento, la empresa comenzó a cubrir el 80% mediante cheques diferidos.
El cuadro financiero empeoró drásticamente en los últimos meses. Las planillas peritadas demuestran que, a partir de las liquidaciones con vencimiento en julio de 2024, EDELAR apenas canceló el 14% del importe total facturado por CAMMESA, interrumpiendo además la financiación del saldo remanente, un comportamiento que se repitió en las transacciones de agosto y septiembre.
«No se trata de un daño acotado sino de un pasivo que crece mes a mes de manera exponencial; de continuar sin freno se tornará irreparable e incobrable, privando al sistema interconectado de recursos indispensables para sostener la generación eléctrica», remarca el escrito presentado ante el máximo tribunal.
La cita a Joaquín V. González contra el desdoblamiento tarifario
En un pasaje de singular densidad doctrinaria, los abogados de CAMMESA fundamentaron la supremacía del marco regulatorio federal citando el pensamiento del jurista riojano Joaquín V. González. En el escrito recurrieron a su Manual de la Constitución Argentina para recordar que el comercio interprovincial no puede quedar fragmentado al arbitrio de las legislaturas locales.
La demanda cita las palabras del fundador de la Universidad Nacional de La Plata: «González definía al comercio interprovincial como aquel que abarca el territorio de más de una provincia, y advertía con lucidez que si se dejara esta materia en manos de los estados locales habría varios sistemas comerciales distintos y tantas tarifas como provincias existan».
Bajo ese estándar, la empresa mayorista subrayó que La Rioja está conectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y que EDELAR asumió el compromiso legal de respetar las normas federales al incorporarse como agente distribuidor, por lo que carece de atribuciones para provincializar los precios mayoristas de la energía.
La trampa judicial que La Rioja trasladó a los usuarios
El escrito cuestionó con dureza el mecanismo diseñado por el Ministerio de Agua y Energía en la Resolución 133/2024, señalando que la administración de Quintela no impugnó los cuadros tarifarios federales a través de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, sino que trasladó la carga de litigar a los propios usuarios riojanos.
La norma provincial impuso en su artículo 6° que los beneficiarios del congelamiento tarifario debían acreditar en 30 días hábiles la promoción de acciones de amparo individuales contra la Secretaría de Energía de la Nación para conservar la bonificación en sus boletas.
«La Provincia no cuestionó la resolución nacional por las vías legales pertinentes, sino que suspendió de hecho su aplicación e instó de forma insólita a los usuarios a demandar al Estado federal para sostener el beneficio», denunció CAMMESA.
Con el expediente CSJ 1847/2024 en despacho de la Corte Suprema, la política tarifaria riojana enfrenta un desenlace judicial inminente en Buenos Aires, donde un fallo favorable a la cautelar obligaría a la Provincia a responder por una deuda multimillonaria y actualizar las boletas de luz en la antesala del verano.
La demanda
