El sector cooperativo irrumpió en el Consejo Económico y Social con fuertes reclamos por fondos retenidos y leyes sin reglamentar
El presidente de FERCOA, Fernando Gómez, cuestionó que el gobernador Ricardo Quintela se retirara antes de escuchar su ponencia. Exigió la disponibilidad de más de 1.200 millones de pesos acumulados en fondos propios del sector y la puesta en marcha de la Ley 8901 frente a la suspensión masiva de entidades por parte de Nación.

El presidente de FERCOA, Fernando Gómez, cuestionó que el gobernador Ricardo Quintela se retirara antes de escuchar su ponencia. Exigió la disponibilidad de más de 1.200 millones de pesos acumulados en fondos propios del sector y la puesta en marcha de la Ley 8901 frente a la suspensión masiva de entidades por parte de Nación.
La asamblea general del Consejo Económico y Social, pensada por la Casa de las Tejas como una vidriera de diálogo multisectorial, dejó expuesta una fuerte tensión entre el gobierno provincial y el entramado de la economía social. El presidente de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas (FERCOA), Fernando Gómez, utilizó su intervención en el foro para interpelar directamente a los funcionarios por el freno administrativo a las herramientas de fomento local, aunque lamentó que el gobernador Ricardo Quintela abandonara el recinto antes de su exposición.
Según detalló el dirigente tras la reunión, el sector decidió asistir al ámbito constitucional con una postura crítica para evitar que la convocatoria quedara reducida a «una puesta en escena». Si bien señaló que logró transmitirle el planteo de manera personal al mandatario antes de su partida, apuntó contra la inacción de la estructura ministerial para ejecutar normativas ya sancionadas en la Legislatura.
El reclamo por $1.260 millones y la proyección de 16 mil empleos
El núcleo del reclamo cooperativo gira en torno a dos ejes financieros y normativos que, según el sector, permanecen bloqueados en los despachos oficiales. En primer lugar, Gómez exigió la reglamentación urgente de la Ley de Fomento Cooperativo N° 8901. La norma prevé una partida presupuestaria anual para el sector, faculta al Ejecutivo a crear un órgano de administración financiera para el fomento cooperativo y establece prioridad en las compras estatales para las cooperativas que cumplan los requisitos legales y las condiciones de competitividad.
De acuerdo con las estimaciones de la federación, la aplicación efectiva de las herramientas de fomento permitiría generar 16.000 puestos de trabajo en la provincia. Se trata de una proyección del sector, no de empleos ya creados ni de vacantes registradas.
En segundo término, el titular de FERCOA reclamó la liberación de los fondos específicos que aportan las propias entidades a través de sus balances anuales y cuya administración, según denunció, sigue sin traducirse en asistencia directa. Precisó que durante el ejercicio 2025 se recaudaron 680 millones de pesos, a los que se suman otros 580 millones correspondientes a 2026 hasta el tercer trimestre. La suma de los montos citados alcanza los 1.260 millones de pesos, recursos a los que, sostuvo, las cooperativas hoy no tienen acceso.
El impacto del ajuste de Nación y el «castigo» del INAES
La presión sobre el Ejecutivo riojano se produce en un contexto de extrema fragilidad para las entidades solidarias debido a la política de fiscalización aplicada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Gómez cuestionó las suspensiones y sostuvo que en La Rioja 88 de las 149 organizaciones registradas quedaron inhabilitadas, según el relevamiento del sector.
La Resolución 2076/2026 del INAES dispone suspensiones de autorización para funcionar de cooperativas y mutuales incluidas en sus anexos por incumplimientos en la presentación de documentación asamblearia y estados contables. La medida no equivale por sí misma a la disolución de las entidades y contempla la regularización documental.
Para el referente de la economía social, la responsabilidad no puede agotarse en la confrontación discursiva con la Casa Rosada. «Una cosa es echarle la culpa a Milei de todos los males y otra es no reconocer que en La Rioja tenemos herramientas únicas en el país y fondos propios con los que podríamos haber saneado estas cooperativas», advirtió.
Con la inversión privada retraída por la falta de previsibilidad institucional y el ajuste de partidas nacionales, las cooperativas buscan evitar el colapso de su estructura productiva mientras esperan que la apertura formal que mostró el Consejo Económico y Social se traduzca en decisiones concretas de Hacienda y de la conducción política provincial.
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