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La Corte dio trámite a la demanda de CAMMESA contra el congelamiento de la luz en La Rioja

El máximo tribunal dio curso a una acción de inconstitucionalidad contra las medidas provinciales que frenaron el traslado de aumentos nacionales. El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, denunció una maniobra de «disciplinamiento político» y advirtió sobre posibles subas. La cautelar solicitada no había sido resuelta al momento de sus declaraciones.

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Facturas del servicio de energía eléctrica de EDELAR

El máximo tribunal dio curso a una acción de inconstitucionalidad contra las medidas provinciales que frenaron el traslado de aumentos nacionales. El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, denunció una maniobra de «disciplinamiento político» y advirtió sobre posibles subas. La cautelar solicitada no había sido resuelta al momento de sus declaraciones.

La pulseada financiera y política entre la Casa Rosada y el gobierno de La Rioja sumó un capítulo en los tribunales federales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio trámite a una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que busca cuestionar el decreto provincial y la resolución del Ministerio de Agua y Energía mediante los cuales el gobernador Ricardo Quintela suspendió el traslado de aumentos nacionales a los usuarios locales. Dar curso a la demanda no implica haberla admitido en cuanto al fondo.

Según precisó el asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, el organismo mayorista no reclama en este expediente el cobro ejecutivo de una deuda, sino que cuestiona las medidas de congelamiento y la intervención provincial para absorber el costo eléctrico. Además, CAMMESA solicitó una cautelar para suspender los efectos del esquema local mientras se tramita el juicio.

El impacto en el bolsillo y los plazos en la Corte

El eventual levantamiento del congelamiento podría trasladar nuevos costos a las facturas domiciliarias. Para dimensionar ese riesgo, Goyochea citó valores que, según sostuvo, alcanzan los hogares de ingresos medios en otras provincias: alrededor de $800.000 en Catamarca, $1 millón en Tucumán, $910.000 en San Luis y hasta $1.210.000 en Neuquén.

Esos montos fueron expuestos como comparaciones por el funcionario, sin detallar en las declaraciones consultadas una base homogénea de consumo, período facturado o impuestos. Por eso no permiten establecer cuánto pagaría una familia riojana si prosperara el planteo judicial, ni constituyen un aumento ya aprobado para todos los usuarios.

En cuanto al cronograma judicial, Goyochea explicó que la provincia cuenta con un plazo de 60 días para responder desde la notificación y estimó que el vencimiento operaría en febrero de 2027, teniendo en cuenta la feria judicial. Se trata de la previsión expresada por el asesor, no de una fecha de aumento tarifario.

El funcionario aclaró que la cautelar solicitada por CAMMESA no había sido resuelta y que el esquema provincial continuaba vigente. La apertura del proceso, por sí sola, no ordena modificar las boletas.

Denuncia de «disciplinamiento» y objeciones técnicas

En la Casa de las Tejas interpretaron la ofensiva judicial como un movimiento político. Goyochea vinculó la presentación con la decisión de la provincia de frenar el traslado pleno de los incrementos nacionales y la describió como una «acción de disciplinamiento».

Asimismo, el asesor cuestionó la vía elegida para plantear la inconstitucionalidad directamente ante la Corte. Sostuvo que no existió una intimación judicial previa que, a su criterio, configurara un conflicto concreto y objetó la admisibilidad del planteo en instancia originaria. Esas observaciones forman parte de la posición provincial frente al expediente.

Goyochea también remarcó que la decisión local no desconoce el costo de la energía ni la obligación de afrontar la diferencia: según explicó, el Estado provincial asume ese incremento para evitar su traslado a los usuarios.

Con un proceso judicial abierto y una cautelar pendiente según el estado informado por el funcionario, el gobierno de Quintela prepara su defensa del esquema tarifario. El impacto sobre el bolsillo riojano dependerá de las decisiones que adopte la Corte y de las condiciones concretas de aplicación, no de un incremento general que ya haya sido dispuesto.

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