Temas permanentes de discusión se dan en las reuniones formales e informales que mantienen los gobernadores peronistas y que son bastante frecuentes desde abril. Lo cierto en que en esos encuentros se mezclan estrategias políticas y desvelos económicos. Intentaron mediar entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner y fracasaron. Presionaron por medidas más agresivas contra la inflación y no obtuvieron resultados. Tampoco encuentran un referente propio con potencial para ser candidato en 2023.
De esos mitines salió la propuesta -que lleva la firma de 16 mandatarios- de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia y darle “un verdadero carácter federal”. La idea (no hay ningún proyecto hasta el momento) empezó a circular en medio de la disputa judicial por la coparticipación que mantiene la ciudad de Buenos Aires con la Rosada y en la que los mandatarios tomaron parte con un documento enviado al máximo tribunal. En la cumbre del NOA, el riojano Ricardo Quintela lo volvió a plantear e incluso insistió en llamar “parásitos” a los porteños, según La Nación.
“Manifestaron esa idea, pero por el momento no hay nada más -describió un legislador nacional norteño-. Hay que ver si prospera”. Con esa escueta explicación intentó desligar la movida de la que lleva adelante el kirchnerismo duro en el Congreso y que hizo pico con las designaciones en el Consejo de la Magistratura y una iniciativa para ampliar el número de miembros. Es difícil separarse porque el planteo es el mismo que sostuvo el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni, en su presentación en el plenario de comisiones que discute los proyectos presentados para modificar la composición del tribunal.
En un escenario revuelto, los gobernadores no quieren jugarse ni enfrentarse con ninguno de los sectores que integran la alianza nacional. En el caso de los fondos del transporte, Guerrera responde a Sergio Massa, quien también coquetea con los referentes provinciales y se ofrece a ser interlocutor ante la Rosada en algunas cuestiones.
Los temas que se discuten
Los ministros nacionales que participaron en Tucumán intentaron enviar señales de “unidad” y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, les prometió que en los próximos días les harán una propuesta para resolver el tema del transporte.
Los mandatarios buscan incluir en la agenda oficial el intento de resolver las deudas que las empresas de energía provinciales mantienen con Cammesa, la administradora del mercado mayorista. “En el medio del revuelo y de las internas es difícil encontrar interlocutores válidos”, admitió un ministro de una provincia del noroeste argentino.
Preocupados por cómo la inflación golpea el humor social, inquieta a los gobernadores la suba de tarifas de luz y gas. Es la de electricidad la que más los afecta porque las empresas provinciales deben resolver si trasladan alzas al consumidor actualizando el Valor de Distribución (VAD) o las absorben. Al igual que en el caso del transporte, en la mayor parte del interior del país la luz se paga más que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que el incremento podría estar por debajo porque la base es más alta.
Los recursos de las provincias
Aunque los giros nacionales totales a las provincias (los de coparticipación y los discrecionales) crecieron en el primer cuatrimestre, lo hicieron a menor velocidad que en 2020 y en 2021. Son los envíos arbitrarios los que preocupan a los gobernadores, ya que cayeron bajo la órbita de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin más dinero, a los gobernadores se les hace cuesta arriba atender “extras” como los subsidios al transporte -sin los que es imposible evitar nuevos paros del servicio- y, además, enfrentar los mayores reclamos salariales que cabalgan sobre las proyecciones anuales de inflación de entre 70% y 80%. Desde La Rioja, incluso, pidieron sumar a otras provincias a los reclamos.
El alerta amarillo saltó el viernes, con el anuncio de la baja de Ganancias, tributo coparticipable. Están atentos a cómo compensará Nación esa medida que se esfuerza por facturar, en beneficio propio, Sergio Massa. Los gobernadores esperan que la caída se neutralice. La mejoría era hasta ahora motivo de festejo, según Clarín.
Según el economista Nadin Argañaraz, en abril pasado, la coparticipación alcanzó a los $436.047 millones para el consolidado de provincias más CABA, frente a $265.459 millones correspondientes a abril del año anterior. “Se trata – dice el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal – de un incremento nominal del 64,3%, lo que se traduce en un crecimiento real del 4% al descontar la inflación del período”.
El riesgo es que se repita la batalla de diciembre de 2016 y que le arruine a Alberto Fernández la relación que ha buscado con el peronismo del interior, para remediar los efectos del divorcio de Cristina.
En aquel año Massa hacía sus pininos como opositor de Macri, y logró – en el primer acercamiento al peronismo cristinista desde 2009 – que Diputados aprobase una baja de Ganancias por encima de lo que proyectaba el gobierno de entonces, que enardeció a los gobernadores.
Fue la primera señal de que podía regresar al redil del PJ. Redoblaba la baja, pero reducía la recaudación coparticipable de las provincias. Juan Schiaretti se reunió con Macri en Córdoba, y juntos intervinieron en el Senado.
Junto a Rogelio Frigerio y Miguel Pichetto moderaron el recorte para no perjudicar a las provincias y lograron compensaciones que no estuvieran por encima de las previsiones del presupuesto de aquel año. Fue el regreso, como actor político, de la liga de gobernadores que siempre le ha reconocido a Schiaretti una jefatura cuando hay que discutir plata.
“Antes, ante una medida así, los gobernadores puteaban, ahora no dicen ni mú”, se lamentó un dirigente de la oposición. Por ahora. Esta historia puede repetirse hoy con un Ejecutivo más débil que aquel de Macri. Y también necesitado del pulmotor del peronismo del interior, para compensar el poder que le quita la pelea con la familia Kirchner.
