Una ley sancionada por la Legislatura de La Rioja el 15 de diciembre pasado dispone que La Rioja declaró el litio de “interés público”.
La medida, que aún no fue promulgada por el Gobierno riojano, causó gran inquietud en el sector empresarial minero, por los efectos contraproducentes que puede tener sobre las inversiones. Las repercusiones llegaron hasta Salta.
“Al parecer La Rioja no entiende todavía lo que es un mineral estratégico. El litio puede obtenerse hasta del agua de mar. Es uno de los elementos más abundantes en nuestra tierra. El principal tema a resolver es el proceso de obtención del producto. Entonces el litio no es estratégico, lo estratégico es generar las políticas para que se radiquen las inversiones en la región y establecer un marco de competitividad de nivel internacional”, remarcó a El Tribuno Facundo Huidobro, quien es miembro de la Cámara de la Minería de Salta.
Si se promulga la norma, aprobada por los legisladores riojanos en la última sesión de 2022, se suspenderán los permisos otorgados de exploración y concesiones relacionadas con el litio en esa provincia.
A todo esto, desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) emitieron un comunicado el viernes pasado donde advirtieron “preocupación” por los alcances de la ley que en la provincia de La Rioja busca declarar al litio y sus derivados de interés público y como recursos estratégicos.
“Consideramos fundamental que se actúe con coherencia y se respete el marco jurídico actual, que es el que permite la inversión minera en la Argentina. Para generar desarrollo “socioeconómico de todas las regiones de nuestro país y contribuir a la transición energética” del mundo, es necesario instrumentar acciones que favorezcan el trabajo de actividades productivas en nuestro territorio”, consigna el documento.
La CAEM advirtió también: “Suspender las concesiones y permisos daña las posibilidades de desarrollo socio económico a futuro, impactando no solo a las empresas que ya confiaron en la provincia, sino, además, generando señales negativas que atentan contra potenciales inversores, frenando la posibilidad de producción y generación de divisas y, con ello, impidiendo la creación de nuevos puestos de trabajo. Cualquier política de desarrollo minero debe iniciarse con lo básico: facilitar la inversión para exploración, impulsar la construcción y promover la producción y beneficio de minerales”.
La página de Eduardo German 