«En el día de la fecha instruí a los abogados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de necesidad y urgencia N° 70/2023 que produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)», informó en su cuenta X el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

«Asímismo, se ha pedido el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión total de efectos del decreto n° 70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa», agregó.

«Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales», puntualizó el gobernador riojano.

«Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia», añadió.

En enero de 2023, Quintela fue uno de los primeros mandatarios en embestir duro contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego aparecieron gigantografías en contra de los ministros del máximo tribunal frente a la Casa de Gobierno provincial.

Quintela había convocado a exponer públicamente a los jueces de la Corte Suprema. “Han desjerarquizado y desprestigiado a la Corte, tenemos que pedir que se vayan y no solamente a través del juicio político, sino también visibilizándolos con nombre y apellido, que sus caras se conozcan y decir dónde, cómo y de qué viven”, había dicho el gobernador.

Los banners de fondo negro y letras blancas llevan el título “¿Quién es?” y el nombre de los jueces. Aparece también una breve reseña sobre cada uno para finalizar con la leyenda: “¡Juicio político! En defensa de la patria y el federalismo”. Además, se instaló allí un gazebo rojo (adornado con banderas argentinas) para juntar firmas de respaldo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

En esa aparición pública, arremetió: “Defiendo los intereses de mi provincia y tengo mi concepto acerca de los integrantes de la Corte: no me merecen el menor de los respetos, por lo tanto, yo tampoco les voy a hacer caso ni acatar un fallo de ellos. Si quieren venir a buscarnos, que nos vengan a buscar, no me interesa lo que ellos digan”.

“Se va a poner en evidencia las graves situaciones que todos conocemos, la connivencia que existe entre la Corte (Rosatti) y (Horacio) Rodríguez Larreta. Los fallos que vienen siendo sistemáticos en favor de la concentración económica argentina en desmedro de las 23 provincias argentinas restantes”, sentenció.

La página oficial del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) explica que el criterio consolidado en la Corte es que la acción meramente declarativa -como la requerida por Quintela- está sujeta a que se invoque “un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica”, a la vez que a través de la medida se busque “precaver los efectos de un acto en ciernes”.

“El tribunal tiene dicho que para que prospere la acción de certeza es necesario que medie afectación de un interés legítimo, que el grado de afectación sea suficientemente directo y que aquella lesión tenga concreción bastante”, exponen en la web oficial en base a la jurisprudencia existente sobre este instrumento al que apeló Quintela bajo el patrocinio de Zaffaroni, cuya doctrina es denostada por los sectores antikirchneristas, que la consideran garantista.