En La Rioja ha estallado un nuevo escándalo tras revelarse que el financiamiento del programa de la copa de leche, que proporciona desayuno y merienda a los niños en las escuelas, es cubierto casi exclusivamente por el gobierno nacional, en lugar del gobierno provincial como se había anunciado. Guillermo Galván, ex viceintendente de La Rioja, fue quien expuso esta situación, generando controversia y preocupación entre los ciudadanos.
En un video compartido en sus redes sociales, Galván expresó: «Nos dijeron que el gobierno provincial iba a destinar más de 600 millones de pesos para la copa de leche, pero nos enteramos que 599 millones de esos pesos provienen de la Nación». Esta declaración pone en evidencia una discrepancia significativa en la información proporcionada inicialmente por el gobernador Ricardo Quintela, quien había sugerido un mayor involucramiento financiero del gobierno provincial.
Galván cuestionó la transparencia en el uso de los recursos locales, afirmando que «este fondo extorsivo, que supuestamente se cobra a los empresarios riojanos, no se está utilizando como se había dicho». El ex viceintendente exigió una aclaración: «El señor gobernador de la provincia nos debe una explicación sobre qué se ha hecho con los dineros públicos».
Este descubrimiento ha generado inquietud entre la población, que ahora exige mayor claridad y responsabilidad en la administración de los fondos públicos. La revelación de que la financiación del programa es casi totalmente nacional contradice las declaraciones iniciales del gobierno provincial, exacerbando las demandas de transparencia y rendición de cuentas.
Hasta el momento, el gobierno provincial no ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones. Mientras tanto, la comunidad riojana sigue atenta, esperando explicaciones detalladas sobre el destino y el uso de los fondos provinciales.
Cabe recordar que durante la semana el Gobierno de La Rioja había anunciado la puesta en marcha oficialmente el Fondo Solidario de Gestión Alimentaria (FOSGA), una iniciativa respaldada por la Ley 10.714, con el objetivo de asegurar la alimentación de más de 55 mil estudiantes en 466 escuelas públicas de la provincia. Esta medida se implementa tras la suspensión del Programa Servicio Alimentario Escolar (SAE) por parte del gobierno nacional.
Según la información oficial proporcionada por el gobierno provincial, el FOSGA es financiado por un aporte extraordinario de grandes contribuyentes, quienes deben declarar una facturación mensual igual o superior a 200 millones de pesos. Estos contribuyentes pagarán un extra del 25% sobre el impuesto determinado de Ingresos Brutos, aplicable sobre los anticipos de mayo a diciembre de 2024. Este esfuerzo colectivo busca garantizar que los estudiantes de todos los niveles educativos reciban sus desayunos y meriendas diarios, fundamentales para su desarrollo y rendimiento académico.
En una conferencia de prensa realizada en el Salón Blanco, la vicegobernadora Teresita Madera destacó la actitud solidaria de las empresas contribuyentes, agradeciendo su compromiso con la comunidad educativa: «Han tenido un comportamiento que queremos destacar y agradecer, han aportado como la ley había establecido para que nuestros niños y niñas tengan su desayuno y merienda».
Por su parte, el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, explicó las modalidades implementadas para garantizar la transparencia en la gestión de los fondos. «Implementamos tres modalidades: auditorías desde la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa al Consumidor, control del Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Hacienda en la rendición de cuentas, y monitoreo de la calidad de los alimentos a cargo del equipo Nutrir en los establecimientos escolares», afirmó Menem.
