La provincia de La Rioja incumplió el pago del 6° servicio de renta y 2° de amortización de su bono RIF25, lo que ha provocado que un grupo de bonistas inicie acciones legales. El gobierno riojano busca reestructurar su deuda en medio de un complejo panorama financiero.
En agosto de 2024, la provincia de La Rioja se encuentra en el centro de la atención financiera debido a su decisión de no cumplir con el pago del 6° servicio de renta y 2° de amortización del bono en dólares RIF25. Este bono, que debía abonar un total de USD 26 millones, fue emitido bajo legislación extranjera y se encuentra actualmente en proceso de reestructuración.
Este incumplimiento no es el primero para La Rioja, que ya había evitado el pago completo del 5° servicio de renta y 1° de amortización en febrero de 2024, alegando la necesidad de renegociar las condiciones del bono con sus acreedores. Hasta la fecha, las negociaciones no han mostrado avances significativos, lo que ha llevado a un grupo de bonistas a solicitar el inicio de un juicio sumario contra la provincia.
El gobierno riojano, encabezado por el gobernador Ricardo Quintela, se enfrenta a un complejo panorama económico y financiero, donde la reestructuración de la deuda se ha vuelto una prioridad para evitar mayores tensiones con los acreedores. La deuda en dólares es un componente crítico, ya que la provincia busca equilibrar sus compromisos financieros con la necesidad de mantener los servicios y el bienestar de sus ciudadanos.
Este conflicto con los bonistas subraya los desafíos que enfrenta La Rioja en el manejo de su deuda pública, en un contexto de incertidumbre económica que afecta tanto a la provincia como al país en general. La situación continúa en desarrollo, con un ojo puesto en las posibles repercusiones legales y financieras que podría enfrentar la provincia en los próximos meses.
