La administración de Daniel Quiroga es señalada por realizar contratos y designaciones en los últimos días de su mandato, generando preocupación en la comunidad universitaria.
El abogado Nicolás Azcurra, próximo a asumir como técnico relator del Consejo Superior en la gestión de la rectora electa Natalia Álvarez Gómez, denunció públicamente que la gestión saliente de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), liderada por el rector Daniel Quiroga, está llevando a cabo designaciones y contratos en los últimos días de su mandato. Estas decisiones han generado inquietud sobre su impacto en la nueva administración que asumirá en breve.
Preocupación por falta de información
Azcurra expresó su preocupación por la falta de información proporcionada por la actual gestión, lo que, según afirmó, dificulta la planificación y organización de la administración entrante. “Estamos analizando estas medidas y, de ser necesario, tomaremos las acciones judiciales pertinentes para garantizar la transparencia en este proceso de transición”, adelantó.
Impacto en la nueva gestión
Desde el equipo de la rectora electa Natalia Álvarez Gómez, se enfatizó la necesidad de que las decisiones de última hora de la gestión saliente no comprometan las prioridades y los recursos de la nueva administración. “Es fundamental que las acciones se ajusten a los principios de legalidad y ética que deben regir a la universidad”, señaló Azcurra.
Llamado a la transparencia
El episodio pone en evidencia la necesidad de un proceso de transición ordenado y transparente en la gobernanza universitaria. La comunidad universitaria ha manifestado su apoyo a una revisión exhaustiva de estas medidas, exigiendo que cualquier decisión administrativa tomada en este período respete las normas internas y no afecte el buen funcionamiento de la institución.
Mientras tanto, se espera que la rectora electa Natalia Álvarez Gómez y su equipo tomen acciones concretas una vez asumido el cargo para garantizar la continuidad institucional sin irregularidades. Este caso refleja la importancia de mantener altos estándares de ética y gobernanza en las instituciones públicas.
