La legisladora radical aseguró que el organismo opera dentro del marco legal y detalló los avances en concursos para cargos judiciales. Admitió la necesidad de mejorar la difusión de datos para «acercar la Justicia a la ciudadanía».
Gabriela Rodríguez, diputada provincial de la UCR e integrante del Consejo de la Magistratura por la Función Legislativa, defendió la legalidad y legitimidad del organismo, en respuesta al pedido de suspensión de concursos judiciales planteado por el Consejo de Abogados. Rodríguez subrayó que el Consejo funciona conforme a la Constitución tras su última reforma, que lo ubicó bajo la órbita legislativa, y garantizó que cuenta con el quórum necesario para sesionar, pese a la ausencia temporal del representante de los abogados, cuyo puesto está en disputa judicializada.
El Consejo, integrado por 11 miembros —incluyendo representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia, jueces inferiores, el fiscal y defensor general, un abogado electo por voto directo y un académico jurídico— avanza en los procesos de selección para cubrir cargos clave en el Poder Judicial. Rodríguez detalló que los exámenes orales para jueces de Cámara e Instrucción en Capital ya concluyeron y que, en los próximos días, comenzarán las evaluaciones para fiscales y defensores oficiales. Las etapas posteriores incluirán entrevistas personales y evaluaciones psicotécnicas, para las cuales se contrató a profesionales de otras provincias.
Sobre la transparencia, la legisladora aseguró que todas las etapas de los concursos son públicas: desde la publicación en el Boletín Oficial hasta las sesiones grabadas del Consejo. No obstante, reconoció falencias en la accesibilidad de la información. «Debemos trabajar en una página web que centralice los datos. Es un derecho de la ciudadanía saber cómo se integra el Poder Judicial», admitió, al responder críticas sobre la percepción de hermetismo en el organismo.
Rodríguez coincidió con la necesidad de «acercar la Justicia a la gente» y destacó que la falta de difusión clara contribuye a que la institución sea vista como «lejana». «La transparencia no es solo un deber legal, sino una herramienta para construir confianza», afirmó. Pese a los avances, insistió en que queda un camino por recorrer: «Entiendo la inquietud de los medios y la sociedad. Debemos priorizar que la información llegue de forma sencilla y directa».
La declaración de Rodríguez surge en un contexto de reclamos de sectores jurídicos que cuestionan la celeridad de los concursos y piden mayor participación en los procesos. La diputada cerró su intervención reafirmando el compromiso del Consejo con los plazos establecidos y con «fortalecer la legitimidad de la Justicia a través de la apertura».
Con información de radio La Red
