La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, puso en marcha un proceso de ejecución fiscal contra la empresa Rioja Vial S.A.U. por una suma que asciende a $63.221.889,86 en concepto de capital, más un 15% adicional estimado para intereses y costas del juicio. La medida fue oficializada por el Juzgado Federal de La Rioja, que ha declarado su competencia en la causa.
El expediente, identificado como 12881/2025, instruye el libramiento de un mandamiento de intimación de pago a Rioja Vial S.A.U. Se le notificará a la empresa que tiene un plazo de cinco días hábiles (ampliable a seis si corresponde por distancia) para oponer las excepciones previstas por la ley y constituir domicilio legal y electrónico. En caso de no hacerlo, su domicilio se considerará constituido en los estrados del Juzgado.
El auto judicial también contempla, en caso de no concretarse el pago, la traba de un embargo general sobre los fondos y valores de la demandada depositados en entidades financieras, incluyendo cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, y cualquier otro título o activo financiero. El Juzgado ha ordenado librar oficio al Banco Central de la República Argentina para tal fin. De resultar positiva la medida, los fondos embargados deberán ser transferidos al Banco de la Nación Argentina – Sucursal La Rioja, a la orden de este Juzgado.
Una particularidad de la resolución es la autorización a ARCA para que, a través de su representante, proceda al levantamiento total o parcial de las medidas cautelares en caso de que la deuda sea cancelada o regularizada, sin necesidad de requerir una nueva orden judicial.
Asimismo, se ha informado que la notificación a la demandada podrá realizarse en su domicilio fiscal electrónico, bajo la responsabilidad de la actora de acreditar documentalmente su diligenciamiento. ARCA también deberá comunicar al Juzgado, en un plazo de cinco días hábiles, cualquier embargo de fondos, transferencia a sus cuentas recaudadoras, inhibiciones anotadas o levantamientos de medidas cautelares que se realicen.
La causa se presenta como una acción firme de parte de la entidad recaudadora para exigir el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la empresa riojana.
